EE. UU. sufrirá pérdidas económicas debido a las leyes que criminalizan a los indocumentados. Los activistas aseguran que sólo debido al éxodo de mano obra, Arizona podría sufrir pérdidas por valor de decenas de millones de dólares.
Jesús está entre los barrotes del muro que divide a la frontera entre México y Estados Unidos, a la altura del estado de Arizona y la ciudad de Nogales. Su historia es un calco a la de muchos otros hispanos: un policía norteamericano lo detuvo por su apariencia e inmediatamente, al comprobar que carecía de documentos de permanencia legal en EE. UU., lo deportaron.
“Yo llevo dos semanas aquí porque me echaron de allá para acá. Como no tengo papeles por eso me agarraron y me echaron para acá, ya tengo dos semanas aquí y así me la llevo, comiendo de lo que caiga. ¿Que si quiero volver? Pues si se puede sí porque yo tengo familiares en Estados Unidos, ya tienen mucho tiempo allá”, dice Jesús Ernesto Baltasar, deportado de EE. UU.
Un poco más al norte, en la ciudad de Tucsón, Jason Aragón, cineasta y activista por los derechos humanos, se ha impuesto una misión: documentar la persecución policial y el consecuente éxodo de la comunidad hispana. Para lograrlo, cada noche, este joven sale armado con su cámara para capturar esta crisis social al más puro estilo estadounidense.
“Los oficiales de policía, por ejemplo, paran a la gente sólo porque parecen hispanos. Es un hecho común y por eso hemos decidido hacer un proyecto para documentar los abusos y el acoso que ejercen las autoridades sobre nuestra comunidad. Creo que el ser de piel oscura se ha convertido en un crimen. Especialmente en Arizona con sus leyes anti-inmigrantes”, dice Jason Aragón.
Jason se refiere a la legislación SB 1070, una polémica ley estatal que criminaliza al inmigrante indocumentado y otorga poderes especiales a las fuerzas del orden para detener a cualquier persona bajo sospecha de carecer de visa o de tarjeta de residencia.
Y a pesar de que la SB 1070 está parcialmente bloqueada y aún es objeto de litigio federal, sus consecuencias son evidentes: la norma ha causado no sólo la polarización social y política en el estado y el resto del país, sino también enormes pérdidas para los negocios y sectores económicos dependientes de la población inmigrante. Según las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, Arizona podría perder cientos de millones de dólares como consecuencia de la caída en las ventas y de los ingresos fiscales desde que entró en vigor la normativa
“Creó un clima difícil, un ámbito problemático. Agudizó la crisis económica que ya existía, agudizó las tensiones raciales que ya existían. Obligó a mucha gente a abandonar el estado. ¿Que tan racista es? ¿Tan racista como Arizona? O menos. De una u otra forma nos repercute y por desgracia va a tardar en pasar. En algún momento se llegó a manejar una cifra de alrededor de 100.000 personas que habían abandonado el estado”, dice Luis Manuel Ortiz, director editorial de 'La Voz Arizona' y 'TV y Más'.
“Leyes antiinmigrante, anti mexicano, anti indígena y se puede decir anti latino. Están buscando un estereotipo racial, están buscando a alguien indígena. No están buscando a un rubio, saben la diferencia. Tú o yo. No importa, nos atacan por lo físico, por la raza, el color, el idioma” opina Roberto Cintli Rodríguez, del departamento de estudios méxico-americanos.
No hay duda de que Arizona cambió desde la promulgación de la legislación SB 1070. Por obra de este polémico estatuto, en las ciudades del estado reina el temor. Y es que para la población indocumentada, las separaciones forzadas y las deportaciones son realidades cotidianas.