Los sindicatos españoles rechazan la reforma constitucional
Los representantes de los principales sindicatos de España planean salir hoy martes a las calles de varias ciudades para protestar contra la reforma constitucional. Los manifestantes piden la celebración de un referéndum para decidir sobre los cambios en la Carta Magna que impondrán un límite de endeudamiento público.
Los dos principales sindicatos españoles, Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT), en diferentes ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao realizarán una manifestación en rechazo a la limitación del déficit público bajo el lema: "Contra la reforma de la Constitución, referéndum ya".
Esta es la tercera movilización social contra la reforma constitucional y no será la última. En Barcelona, bajo el lema "Contra la reforma #yoquierovotar" saldrán a las calles una treintena de entidades sociales, lo que tendrá sus réplicas en Tarragona, Lérida, Gerona, Zaragoza o Santiago de Compostela. Logroño marchará contra la reforma con el lema "Las reformas que las decida el pueblo".
Una parte del Movimiento 15-M también acudirá a estas manifestaciones. "Gracias por venir" será el mensaje irónico de su marcha dirigido a los sindicados como una denuncia a la actidud de los mismos, que, según el 15-M, se unieron a los partidos mayoritarios para desmantelar el Estado del bienestar en las reformas de principio de año.
Según varios expertos, las nuevas medidas no ayudarán al estado español a salir de la crisis.
El 2 de septiembre el Congreso de los Diputados de España aprobó una reforma de la Constitución para incluir el principio de estabilidad presupuestaria. La propuesta contó con 316 votos a favor y cinco en contra. Ahora el proyecto pasará al Senado, donde concluirá su tramitación parlamentaria el 7 de septiembre.
El texto del nuevo artículo fue acordado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP) con la abstención o el rechazo explícito del resto de partidos del Congreso.
La inclusión del límite de la deuda pública en la Constitución fue recomendada a mediados de agosto por la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, durante una cumbre extraordinaria en el palacio del Elíseo, en París. Ambos políticos instaron a los 17 países de la zona euro a que fijaran constitucionalmente, antes del verano de 2012, un límite a la deuda pública, al igual que establece la legislación germana.