Caracas estudia tomar medidas legales contra el Gobierno de Estados Unidos, después de que Washington acusara a funcionarios venezolanos de mantener presuntos vínculos con el narcotráfico.
"Estamos estudiando las acciones que vamos a ejercer […] Estados Unidos no va a venir aquí a insultar, ni a ofender a ningún dirigente venezolano", afirmó el procurador general de Venezuela, Carlos Escarrá.
Hace una semana el Departamento del Tesoro estadounidense incluyó a un jefe militar y a tres políticos venezolanos en una lista por su presunta colaboración con la guerrilla colombiana en el tráfico de drogas y armas.
El canciller venezolano ya condenó previamente esta decisión como un ejemplo más de la agenda de agresión permanente de EE. UU. contra el país bolivariano.
El analista político Luis Bilbao relaciona las acusaciones por parte de EE. UU. con las elecciones presidenciales en Venezuela fijadas para el 7 de octubre de 2012.
“La acusación contra estos miembros de distintas esferas del gobierno venezolano apunta estrictamente a desgastar y, eventualmente, a demoler la imagen internacional, sobre todo de Chávez”, opina el analista.
Según Bilbao, EE. UU. busca de esta forma “crear un conflicto interno” apoyándose en “un sector de la población muy minoritario opuesto al gobierno de Chávez”.
De acuerdo con la legislación estadounidense, a los cuatro funcionarios venezolanos les serán congelados sus bienes en territorio de EE. UU., mientras que a los ciudadanos estadounidenses se les prohíbe hacer negocios con ellos.
No es la primera vez que el Departamento del Tesoro impone sanciones contra ciudadanos venezolanos. Ya en 2008 varios funcionarios de este país latinoamericano fueron sancionados por su presunta vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.