Según afirma Aleksandr Konovalov, ministro de justicia de la Federación Rusa, las correspondientes entidades de Rusia e Italia están preparando un amplio programa de colaboración que contempla un intercambio real de experiencias, la implantación de nuevos métodos para combatir la corrupción y el crimen organizado e innovadoras técnicas de ejecución judicial.
De allí se desprende que una de las propuestas italianas es la de dejar sin dinero a los jefes mafiosos. En este contexto Angelino Alfano —el titular de la justicia italiana que hace poco se reunió con su homólogo ruso Alexandr Konovalov y con el fiscal general de Rusia, Yuri Chaika — precisó: “El objetivo del crimen organizado en cualquier país es obtener ingresos ilegales. Por esto, en la última reunión del G8 quedó estipulada una estrategia universal de lucha contra las mafias que de momento está dando perfectos resultados en Italia”.
Según Alfano, los organismos estatales han decomisado bienes a los señores de la mafia por un valor total de cinco mil millones de euros. Cerca de mil millones de ellos han quedado embargados en cuentas bancarias de padrinos de la mafia italiana y sus cercanos. Es muy poco probable que los cabecillas de la mafia rusa sean más pobres y, puesto que en Italia el dinero incautado a la mafia se utiliza para financiar a los organismos de orden público, esta experiencia italiana podrá servir enormemente a la policía rusa.
Curiosamente, Rusia e Italia tienen varios problemas en común en el ámbito legal. Por ejemplo, los largos procesos judiciales civiles y el hacinamiento existente en las cárceles de ambos países. Por esto, juristas italianos y rusos estudian alternativas a los castigos penales. Por su parte, los italianos se han mostrado interesados en la experiencia rusa obtenida en algunas audiencias de casos que se han ejecutado como videoconferencias.
Asimismo, el ministro de justicia ruso comentó los detalles de un anteproyecto de ley que se prepara en Rusia que regula las indemnizaciones para las víctimas de atentados terroristas. El funcionario precisó que el Estado ruso definiría el monto a pagar sobre la base de las prácticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.