Esta semana la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) analizará la legalidad del aborto en algunos estados del país. En concreto, las legislaciones que penalizan la interrupción del embarazo en 18 provincias mexicanas tres años después de que se declarara "constitucional" una ley que despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo en Ciudad de México.
La Suprema Corte deberá decidir si es constitucional calificar al concebido de "individuo" desde el momento de la concepción y reputarlo como nacido para todos los efectos legales, es decir, considerarle como sujeto jurídico o normativo. En otras palabras, la resolución que discutirán los ministros es si la noción de persona es igual en todo el país o cada estado tiene la suya propia.
De acuerdo con el juez Fernando Franco, que presentó la iniciativa de declarar "inconstitucionales" dichas legislaciones en 18 estados mexicanos, los congresos locales "no pueden establecer en sus constituciones esa protección a la vida en contravención de la Carta Magna, que no la contempla, y de tratados internacionales en la materia".
Para el juez, la "inconstitucionalidad" de las legislaciones se sustenta porque atentan "contra la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres, particularmente su libertad y salud reproductiva, además de ser contrarias a la Constitución federal".
A su vez los congresos locales insisten en que deberían ser libres para definir a partir de qué momento se pueden reclamar los derechos constitucionales y si considerar o no como homicidio todo acto que atente contra el óvulo fertilizado, hasta antes de que este se implante. Lógicamente, como consecuencia, esta postura criminaliza el uso de dispositivos intrauterinos o de pastillas del día después.
¿Deben ser legalizados o criminalizados los abortos? ¿La penalización de la interrupción del embarazo debe ser acondicionada a la edad del concebido? Si tiene algún comentario sobre esta cuestión, RT le ofrece su espacio para ello.