Recientemente el Gobierno de Barack Obama solicitó a la Corte Federal que bloquee la controvertida ley del estado de Alabama que estrecha el cerco sobre los inmigrantes indocumentados, después de que una juez federal convalidara la mayoría de los artículos de esta ley.
Así, la juez Sharon L. Blackburn, de la Corte Federal del Distrito de Birmingham, permitió la parte que otorga poderes a la Policía local para detener a individuos si hay dudas sobre la legalidad de su permanencia en el país. También se tipifica como delito si una persona intencionalmente no lleva papeles federales de inmigración. La juez también respaldó el apartado que obliga a las escuelas primarias y secundarias a verificar el estatus migratorio de los alumnos que deseen matricularse en sus centros.
Entretanto, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones para el Circuito 11, con sede en Atlanta, donde piden que se bloquee la ley hasta que se resuelva la apelación, alegando que todo lo relacionado con la inmigración es un asunto federal y por eso no puede ser cambiado por los estados.
Mientras tanto, muchas personas se mostraron preocupadas por la ley promulgada en Alabama. Así, José Miguel Insulza, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, lamentó en un comunicado la "dureza" de esta ley que "impone a la vida de miles de inmigrantes […] que llegan a Estados Unidos desde los países de América Latina para entregar su esforzado trabajo a cambio de una mejor calidad de vida y de esperanzas que, en muchos casos, su propio país no puede ofrecerles".
Esa ley, promulgada por el gobernador Robert J. Bentley el pasado 9 de junio, es la última de una serie de normas antiinmigración estatales aprobadas en Estados Unidos y sobrepasó a la ley de Arizona, que causó mucha polémica en EE. UU.