Los militares egipcios deciden enmendar la polémica ley electoral
El Consejo militar de Egipto, que dirige el poder desde la caída en febrero del presidente Hosni Mubarak, decidió cambiar este sábado una polémica ley electoral que numerosos partidos criticaron amenazando con boicotear las próximas elecciones. El Ejército aceptó modificar el artículo 5 de la nueva ley, para tranquilizar a la coalición política y permitir que los partidos presenten candidatos para el tercio de escaños hasta ahora reservado a personalidades independientes en el Parlamento egipcio.
La decisión fue tomada tras la reunión del vicepresidente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), Sami Anan, con líderes de la Coalición Democrática, una alianza electoral que agrupa a los influyentes Hermanos Musulmanes y a otras 30 formaciones de todo tipo. El artículo 5 de la controvertida ley electoral estipula que dos tercios de los escaños del Parlamento deben ser para candidatos afiliados a partidos, y el tercio restante para personalidades independientes.
El Gobierno militar egipcio señaló en un comunicado que "no procura prolongar el proceso de transición y está comprometido con la hoja de ruta clara y definida en el tiempo para traspasar el poder después de la elección del presidente de la República".
La reunión de las fuerzas políticas principales de Egipto se ha llevado a cabo después de la acción de protesta multitudinaria que se ha celebrado en la víspera en la plaza Tahrir de El Cairo bajo el lema 'La recuperación de la revolución', amenazando con boicotear las elecciones del Parlamento que se espera comiencen el próximo 28 de noviembre.
Tras la reunión, el CSFA emitió una resolución de enmienda para permitir que los candidatos, tanto de partidos como independientes, puedan presentarse a los escaños individuales en juego. Además, los presentes en la reunión exigen la reactivación de una ley que prohíbe a los políticos del Partido Nacional Democrático, unos 30 años liderado por el presidente huido Mubarak, presentar su candidatura a elecciones durante un período de 10 años. También se comprometió a estudiar la derogación de la Ley de Emergencia, en vigor desde 1981 y endurecida tras los últimos altercados frente a la embajada de Israel en El Cairo, y el fin de los juicios militares a civiles salvo en los casos de delitos que estipule la ley militar.