El presidente mexicano Felipe Calderón puso en marcha una institución de atención a las víctimas denominada Províctimas. El organismo atenderá a los afectados por la violencia de las bandas criminales. El jefe de Estado hizo un llamamiento al pueblo mexicano para que "vaya más allá del reclamo y transforme su indignación en propuestas viables".
Mientras tanto, abogados, periodistas y defensores de derechos humanos participan en un encuentro en el que expusieron sus razones para presentar una demanda contra altos funcionarios mexicanos en la Corte Penal Internacional de la Haya por crímenes de guerra y lesa humanidad.
La denuncia va dirigida contra los secretarios de Seguridad Pública, de Defensa Nacional y de Marina, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván y Francisco Saynez Mendoza, respectivamente, además del propio Calderón. Aparte, los intelectuales exigen un procedimiento judicial contra el narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
La querella cuenta con el respaldo de 20.000 firmas y en el texto aseguran que la cúpula militar deberá responder por exponer a la sociedad civil durante la guerra contra el narcotráfico.
Indican que desde que el presidente inció una guerra contra el narcotráfico en 2006, “México vive en un estado de emergencia y atraviesa por peor crisis humanitaria de su historia, que ha dejado ya más de 50.000 muertos, 230.000 desplazados, 10.000 desaparecidos y 1.300 jóvenes y niños asesinados”.
Defensores de los derechos humanos en el país afirman que existe una constante violación de las garantías de la población civil, en particular de los más vulnerables, como las mujeres y los migrantes. A esto añaden una situación de impunidad estructural en la que únicamente el 12 por ciento de los delitos son denunciados y el ocho por ciento investigados.