La reciente demanda del diario 'The New York Times' contra el gobierno federal por negarse a proporcionarle una información ha vuelto a suscitar acalorados debates sobre el funcionamiento de la Ley Patriótica. El rechazo de las autoridades generó suspicacias sobre los márgenes imprecisos de la Ley, que podrían facultar al gobierno a usarla contra sus enemigos políticos dentro el propio país.
En declaraciones a RT el Profesor Raul Hinojosa aseguró que no se sabe nada sobre los criterios que se utilizan "para poder espiar a personas que son ciudadanos norteamericanos". "El problema es que la Ley Patriótica es muy nebulosa en lo que se refiere a lo que puede y no puede hacer el gobierno", agregó.
Otro detalle que destaca el analista es la inmunidad de los servicios secretos ante la legislación nacional. "La ley patriótica, además de restringir los derechos de la prensa, ofrece un poder sin precedentes para acceder a los datos privados de ciudadanos sin la autorización de un juez". Ello suscita el temor de que "no vayan únicamente a buscar a supuestos terroristas", sino que los utilicen "para espiar a los ciudadanos", subraya el experto.
Según el catedrático, existe el temor de que el Gobierno, en un momento dado, "pueda justificar el espionaje a cualquier persona" y, en concreto, a supuestos "enemigos políticos".
La controvertida ley, que fue aprobada después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, otorgó mayores poderes a los servicios de seguridad del Estado para combatir el terrorismo. El rotativo estadounidense decidió recurrir a los tribunales tras varios intentos fallidos de obtener informes confidenciales sobre la autorización de las operaciones de Inteligencia.
La Ley Patriótica ha sido durante varios años objeto de rifirrafes entre los políticos estadounidenses, pues muchos de ellos consideran que con esta norma el gobierno ejerce un poder omnímodo.
En septiembre del 2011 los senadores Ron Wyden, de Oregon, y Mark Udall, de Colorado, propusieron organizar debates públicos sobre las acciones gubernamentales auspiciadas por la Ley Patriótica. Para sostener esta propuesta esgrimen que, gracias a esta norma el Ministerio de Justicia puede conseguir cualquier información personal de ciudadanos, estén o no vinculados directamente con el terrorismo.