Casi 400.000 personas fueron deportadas de Estados Unidos durante el último año fiscal, el mayor número en la historia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
La causa principal de las deportaciones era deshacerse de individuos que desbordan las áreas prioritarias para el país, amenazando la seguridad nacional al romper la ley.
El énfasis de la administración de Obama sobre estas deportaciones generó un aluvión de críticas por su irracionalidad.
“Estos números récord de deportaciones surgen en un momento en que las tasas de inmigración ilegal han disminuido drásticamente, el número de indocumentados se ha reducido considerablemente y las tasas de crímenes violentos están en su nivel más bajo en 40 años”, subrayó Joanne Lin, asesora legislativa de la ACLU.
Lin también agregó que las expulsiones representan "un incontrolado e injustificado” gasto de dinero de los contribuyentes.
En los últimos años el Departamento de Seguridad Nacional extendió considerablemente las áreas fronterizas donde se aplica el programa policial Comunidades Seguras, que emplea los datos biométricos para identificar en las prisiones estatales y locales a los extranjeros que deben ser deportados.
Además, las autoridades indicaron que han mejorado y ampliado el sistema E-Verify que permite a las empresas verificar el estatus migratorio de sus empleados.
El aumento de las deportaciones coincide con las propuestas de fortalecer la seguridad fronteriza de EE. UU. En esa materia el precandidato republicano a la presidencia estadounidense, Herman Cain, propuso recientemente construir un muro en la frontera entre EE. UU. y México que emita descargas eléctricas “mortales”. Esta medida “para combatir la inmigración ilegal” ha provocado una fuerte polémica en ambos países.