El Senado brasileño ha votado a favor de crear una Comisión de la Verdad que investigue la desaparición de personas y la violación de derechos humanos durante la dictadura militar (1964-1985). La formación de esta comisión no afectará a la amnistía vigente desde 1979 que, confirmada hace un año por la Corte Suprema, impide enjuiciar y encarcelar a los represores.
Para que entre en vigor, ahora sólo falta que el texto sea promulgado por la presidenta Dilma Rousseff, que fue personalmente víctima de la dictadura militar que siguió al Golpe de Estado de 1964, cuando formaba parte de la organización de izquierda Política Operaria y luego en Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares, uno de los grupos guerrilleros más fuertes que se opusieron a los militares.
La entonces combatiente y "cerebro" de la resistencia fue detenida en 1970, enjuiciada por un tribunal militar sin ningún tipo de garantía legal y torturada durante los tres años que permaneció presa. En el 2006 interpuso demandas de indemnización que finalmente fueron reconocidas por la Comisión Especial de Reparación de la Oficina de Derechos Humanos del Estado de Río de Janeiro.
Así, antes de tomar posesión de su cargo, Rousseff anunció que su gobierno crearía la Comisión de la Verdad y que sería inflexible en la defensa de los derechos humanos. Por eso era de esperar que pidiera votar este proyecto en el Parlamento con carácter de urgencia. El proyecto fue presentado al Congreso bajo la presidencia de su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva .
En 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Brasil por abusos cometidos durante la dictadura y declaró que la amnistía de 1979 carecía de "efectos jurídicos". El Estado brasileño reconoce oficialmente 400 muertos y desaparecidos durante la dictadura, frente a los 30.000 en Argentina, más de 3.200 en Chile y 38 en Uruguay (otros 193 uruguayos desaparecieron en países de la región), según organizaciones humanitarias.