La presidenta brasileña Dilma Rousseff, que fue víctima de la dictadura, anunció la creación de una comisión parlamentaria que investigará los crímenes de los regímenes militares que gobernaron el país en dos etapas entre 1937 y 1985. Sin embargo, los responsables no podrán ser castigados debido a una amnistía aprobada con anterioridad.
La líder aseguró que esta institución, llamada Comisión de la Verdad, ayudará a construir un Estado "más transparente" y a "ejercer la democracia". "Esta comisión es importante para que la población y las generaciones futuras conozcan los hechos que ocurrieron en el pasado; para que nunca vuelvan a ocurrir”, dijo Rousseff en su programa semanal de radio.
La mandataria brasileña conoce personalmente las atrocidades de la dictadura ya que en los años 70 también fue encarcelada y torturada por ser miembro de grupos izquierdistas, aunque siempre ha negado su participación en acciones violentas.
Según algunas estadísticas, cerca de 200 personas desaparecieron por motivos políticos, mientras que miles de activistas fueron arrestados y torturados durante las dos dictaduras, de 1937 a 1945 y entre 1964 y 1985.
Sin embargo, la Comisión de la Verdad únicamente podrá estudiar y analizar los sucesos, pero no llevar ante los tribunales a los responsables, ya que en 2010 la Corte Suprema de Justicia de Brasil ratificó una amnistía tanto para los torturadores como para los opositores.
Las investigaciones de la Comisión durarán dos años. Sus resultados se presentarán en un informe público que se depositará en el Archivo Nacional.
La medida brasileña revela la necesidad de toda América Latina de esclarecer quiénes fueron los responsables del terrorismo de Estado en diferentes países de la región, según opina el analista político internacional Julio Gambina.