El departamento antidroga estadounidense (DEA, según sus siglas en inglés) viola la soberanía de aquellos países en los que actúa. Así lo creen los expertos en esta agencia, que Venezuela tacha de cartel al servicio del narcotráfico.
El subsecretario de Estado de EE. UU. para Narcóticos y Seguridad, William Brownfield, acusó en su día a Caracas de permitir una "explosión" del tránsito de droga por su territorio. En esta misma línea, el pasado martes Brownfield llamó la atención sobre "la falta de colaboración de las instituciones de Venezuela con el resto de la comunidad internacional".
Mientras tanto, el ministro venezolano del Interior, Tareck El Aissami, informa que en su país se han duplicado las incautaciones de narcóticos, precisamente desde que renunciaron a colaborar con la DEA, considerada un lastre por Caracas.
Según sus datos, Venezuela capturó "a más de 60 jefes importantes de organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas" después de que se desvinculara de la DEA en 2005.
Asimismo, algunos expertos reconocen la baja eficiencia del departamento y comentan que éste no suele informar de sus operaciones a los gobiernos de aquellos países en los que actúa.
Gregory Wilpert, profesor de ciencias políticas, señala que la cooperación con la DEA no sólo resultó problemática para Venezuela sino también para Bolivia.
"El gran problema es que no sabemos exactamente qué están haciendo esos comandos desplegados en América Latina y en todo el mundo", dice el experto.
Wilpert está seguro que la DEA está asumiendo un papel mucho más activo en el sentido militar, sin coordinar necesariamente sus acciones con las autoridades locales.
En 2008 el Gobierno boliviano suspendió las operaciones de la DEA, a la que acusa de respaldar a grupos opositores. El presidente boliviano Evo Morales aseguró esta semana que la DEA no volverá al país por una cuestión de "dignidad y soberanía".
¿Drogas o regímenes?
El periodista colombiano Ramón Jimeno opina que, en el caso del gobierno venezolano, la DEA y otras agencias antidroga no luchan contra el narcotráfico, sino que actúan para socavar el gobierno del presidente Chávez, tanto como el de Morales en Bolivia o el de Ortega en Nicaragua por su política antinorteamericana y de izquierdas.
Pero no sólo las agencias antidrogas estadounidenses las que preocupan a estos regímenes. Hay una variedad de organizaciones no gubernamentales y de agencias independientes financiadas por Washington que operan en América Latina y en otras regiones y que suscitan sospechas sobre el cumplimiento de sus objetivos declarados.
En Bolivia, algunos parlamentarios acusaron a la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) de ser una fachada de la ingerencia de Estados Unidos en los asuntos del país sudamericano.
En Cuba la Fundación Panamericana para el Desarrollo FUPAD y la Miami Medical Team Foundation también fueron acusadas de llevar a cabo actividades subversivas.