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El FBI recoge ilegalmente datos sobre líderes comunitarios y religiosos

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El FBI está recopilando datos sobre los líderes comunitarios y religiosos, protegidos por la primera enmienda de la Constitución de EE. UU., y lo lleva haciendo desde hace años. Esta es la denuncia hecha pública por la mayor organización de derechos civiles del país, la American Civil Liberties U
El FBI recoge ilegalmente datos sobre líderes comunitarios y religiosos

El FBI está recopilando datos sobre los líderes comunitarios y religiosos, protegidos por la primera enmienda de la Constitución de EE. UU., y lo lleva haciendo desde hace años. Esta es la denuncia hecha pública por la mayor organización de derechos civiles del país, la American Civil Liberties Union (ACLU).

Según esta entidad, el FBI está utilizando de manera secreta sus programas de acercamiento a las comunidades para recopilar información sobre los líderes de diferentes organizaciones con las que se reúne la ACLU.

Esta denuncia está basada en unos documentos internos del FBI que fueron hechos públicos gracias a la Ley de Libertad de Información de 1966 que obliga a las autoridades estadounidenses a compartir su información.

La organización de defensa de los derechos civiles hace referencia a unos documentos de la sede del FBI en la ciudad de San Francisco que datan de los años 2007 y 2008 e incluyen listas de nombres, así como  perfiles completos de las personas que tomaron parte en unas cenas organizadas por la ACLU con motivo de la fiesta religiosa musulmana del ramadán en el marco del programa de acercamiento a las mezquitas.

Además la asociación menciona otros documentos del FBI que incluyen el contenido de conversaciones de la organización con algunos líderes islámicos de San José, California. Asimismo estos expedientes contienen datos sobre la actividad de las instituciones de estos líderes religiosos o sus opiniones, entre otros.

La ACLU sostiene que la Oficina Federal de Investigación no tiene autorización, “salvo en determinadas circunstancias especiales”, para recopilar la información sobre cómo los ciudadanos estadounidenses ejercen sus derechos reflejados en la primera enmienda a la Carta Magna, que garantiza la libertad de expresión y reunión.

Por ellos, la entidad insta al Departamento de Justicia de EE. UU., a realizar una investigación con el fin de averiguar si el FBI ha quebrantado la ley con estas actividades.

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