Argentina limitará la compra de tierras por parte de extranjeros, según un proyecto de ley que comenzó a debatir el Congreso argentino. La iniciativa busca iniciar un control riguroso sobre la soberanía del Estado, y permitirá tener un registro de las acciones de los extranjeros, según los analistas.
“En los sectores rurales de Argentina, donde el Estado no está presente, existe una participación muy alta de extranjeros que el Gobierno no puede controlar. Pero esta ley permitirá tener un registro de sus acciones”, comenta el analista político, Juan Pablo Gambandé.
Este proyecto de ley, al que finalmente ha dado luz verde la cámara de diputados del país, establece que no más del 15% del terreno rural a nivel nacional, provincial o municipal podrá quedar en manos de ciudadanos o empresas de otros países, aunque tengan radicación legal en ese país.
Preocupación
El argumento del oficialismo, obedece a que un informe reciente de la FAO (organismo de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura) indica que los extranjeros poseen en la nación un 10% de las tierras cultivables.
“Hay una falta de eficacia en el control de la soberanía del Estado, y el proyecto de ley busca iniciar un control sobre esos espacios donde hay una inasistencia del Estado”, explica Gambandé.
Además, el analista sostiene que la normativa va a “atender la soberanía del Estado que ha sido dejada a partir de la década de los 90, con la apertura económica en la era del ex presidente Carlos Menem”.
Sin embargo, los foráneos quedan fuera de la aplicación de esta norma si tienen más de 10 años de residencia permanente o si poseen hijos o están casados con ciudadanos argentinos. Asimismo, la ley establece que los extranjeros deberán declarar la titularidad del terreno dentro de un plazo de 180 días, una vez que se reglamente la ley, una de las iniciativas estratégicas impulsadas por la mandataria Cristina Fernández de Kichner.
La propuesta está inspirada en las legislaciones de varios países del primer mundo, que tienen fuertes restricciones en la compra de tierras por parte de extranjeros.
Asimismo, Gambandé señala que con esta ley, Argentina “sería menos dependiente del capital extranjero”, pero que no influirá en la inversión foránea.