La cámara baja del Parlamento francés aprobó una ley que penaliza la negación del genocidio armenio que perpetró Turquía (entonces Imperio Otomano) a principios del siglo XX, cuando deportó forzosamente y masacró a más de un millón personas. Turquía ha respondido con la imposición de severas sanciones contra Francia en varios frentes.
El primer ministro turco Tayyip Erdogan confirmó que su país cancela toda la colaboración militar, económica y política con Francia. Erdogan precisó que los aviones militares franceses no podrán aterrizar en Turquía y que los barcos de la Armada francesa no tendrán acceso a los puertos turcos. El primer ministro también declaró que su país renuncia a la organización de ejércitos militares bilaterales con Francia.
Erdogan agregó que la ley aprobada por Francia tendrá “consecuencias serias irreparables para nuestras relaciones bilaterales” y confirmó la retirada del embajador turco en París.
En Francia este genocidio es reconocido jurídicamente desde enero de 2001, pero la idea de criminalizar su negación surgió en 2006, aunque la ley no fue aprobada por el Parlamento. Ahora la aprobación definitiva de la ley (que debe someterse al voto del Senado antes de llegar a la mesa del presidente) tiene muchas posibilidades de salir adelante, ya que cuenta con el aval de partidarios del presidente Sarkozy, como de los opositores socialistas. Sin embargo, hay un segmento de turco-franceses que la critican y este jueves participaron en los arduos debates parlamentarios y organizaron protestas multitudinarias.
Ankara rechaza sistemáticamente las acusaciones de la exterminación masiva de los armenios durante los últimos años del Imperio Otomano y reprueba a los países que aluden a este hecho. La semana pasada el primer ministro turco envió una carta al presidente Sarkozy en la que expresa sus esperanzas de que la ley no sea aprobada. En caso contrario, Erdogan amenazó con tomar represalias contra Francia, las mismas que ahora empiezan a cobrar forma. Además de las medidas mencionadas, Erdogan aventuró la posible cancelación de los contratos de empresas francesas con el Estado turco en el ámbito de transporte, armamento e investigación nuclear.
Según el diputado francés Valérie Boyer, las amenazas turcas son “una seria intervención en los asuntos internos” de Francia. Y el ministro de exteriores francés, Alain Juppe, calificó las amenazas de “inútiles e improductivas”.
Aunque la norma fue adoptada por la cámara baja sin cambio alguno, muchos diputados se opusieron por considerar "inaceptable que los políticos discutan asuntos históricos dudosos".
La iniciativa es un apéndice a la ley del 2001 que reconoce el genocidio y dispone el encarcelamiento de un año y una multa de 45,000 euros a quien niegue el genocidio armenio. El proyecto de ley será analizado ahora por el Senado francés y si este lo aprueba sólo se necesitará la firma del presidente Sarkozy para que se promulgue. A causa de los trámites legislativos, el proceso de aprobación podría alargarse hasta un mes.
El genocidio armenio se desarrolló entre 1915 y 1923 en diferentes regiones del Imperio Otomano. Tras la masacre murieron hasta un millón y medio de armenios, la mitad de toda la población de esta etnia en el Imperio.