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Bloquean algunas partes y aplican otras de la ley antiinmigrante en Carolina del Sur

Publicado: 23 dic 2011 08:51 GMT

Un juez federal del distrito de Charleston del Estado de Carolina del Sur frenó las partes más contradictorias de la ley de inmigración SB20, cuya entrada en vigor estaba prevista el próximo 1 de enero. Medidas como E-Verify, o verificación del estatus migratorio de los extranjeros encarcelados,

Bloquean algunas partes y aplican otras de la ley antiinmigrante en Carolina del Sur flickr.com
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Un juez federal del distrito de Charleston del Estado de Carolina del Sur frenó las partes más contradictorias de la ley de inmigración SB20, cuya entrada en vigor estaba prevista el próximo 1 de enero. Medidas como E-Verify, o verificación del estatus migratorio de los extranjeros encarcelados, serán aplicadas en 2012.

Se dejaron sin efecto los artículos que permitían que marcaran como ilegal transportar personas sin documentos o el derecho a revisar a adultos sospechosos.

El juez federal Richard Mark Gergel ha dictado sentencia tras sostener una audiencia el lunes en la que escuchó los argumentos de los abogados de la gobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, a favor de la normativa, y de los demandantes.

"Este es un triunfo de la comunidad inmigrante. El mensaje que tenemos que enviarle a la comunidad es que esté tranquila y que no sienta más zozobra", dijo Iván Segura, del Consejo de los Mexicanos en las Carolinas, que ha luchado para impedir la aplicación de la SB20.

Lo que no fue bloqueado y entrará en vigor

Mientras tanto varias partes no se han bloqueado y son de aplicación a partir de enero de 2012. Por ejemplo, las empresas serán obligadas a garantizar que sus empleados cuentan con todos los permisos inmigratorios necesarios para poder trabajar en EE. UU. Es decir, se trata del sistema federal E-Verify. Los violadores de esta ley serán multados o su negocio puede ser suspendido. Según los expertos, es el sector agrícola el que se verá más afectado por esta medida.

También se aplicará la obligación de verificar el estatus migratorio de los extranjeros que estén cumpliendo una condena en el estado y la que obliga al poder estatal a entregar a las autoridades federales a los indocumentados que han acabado de cumplir una condena.

La gobernadora Nikki Haley había firmado la SB20 después de su aprobación en las dos cámaras legislativas de Carolina del Sur, el pasado 27 de junio, convirtiéndola en una de las leyes antiinmigrantes más severas del país. La SB20 contiene conceptos similares a la ley estatal SB1070 de Arizona y la HB56 de Alabama, que han tenido efectos devastadores para la población inmigrante y la economía de esos estados.

El domingo 18 de diciembre grupos de fe y de derechos civiles realizaron marchas, manifestaciones y vigilias en las principales ciudades de Carolina del Sur para rechazar la SB20.

Previamente, en 2008 se aprobó en Carolina del Sur una ley estatal de inmigración que prohibía explícitamente el ingreso de estudiantes indocumentados en los colegios comunitarios y en las universidades públicas.

Se calcula que de los 235.000 hispanos establecidos en Carolina del Sur, al menos 45.000 son indocumentados.

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