La Audiencia Nacional de España se ha negado a investigar "por falta de entidad" el presunto desvío de dinero público del Instituto Nóos, que presidió Iñaki Urdangarin, duque de Palma y yerno del rey de España, Juan Carlos I.
Urdangarin ha sido acusado de fraude a la Administración, de prevaricación, malversación de fondos públicos, y de delitos de falsedad documental, fraude fiscal y evasión de capitales.
En un auto notificado el miércoles el juez Ismael Moreno considera "obvio" que unas "defraudaciones de las características aquí investigadas" no tienen "la entidad y significación suficiente (...) para conmover la seguridad del trafico mercantil".
El expresidente balear Jaume Matas, imputado por otro caso vinculado al de Urdangarin, había solicitado a la Audiencia Nacional que asumiera la competencia del caso, esgrimiendo que los hechos afectaban a varias provincias españolas y por ser el blanqueo de capitales uno de los posibles delitos a investigar por esa instancia judicial.
El fallo seguirá siendo instruido por el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma de Mallorca, José Castro.
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, las actividades podrían haberse realizado a través del Instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro que creó y presidió hasta el 2007 el duque de Palma y la promotora inmobiliaria Aizoon, propiedad de Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina.
Desvío de fondos
El Instituto Nóos llegó a recabar unos 17 millones de euros de instituciones públicas y empresas privadas mientras Aizoon facturó cientos de miles de euros a través de su apoyo logístico a distintos eventos en Baleares.
Según la investigación, el desvío de fondos, se justificaba contratando “servicios ficticios a sus propias entidades mercantiles o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado”.
La investigación del caso opina que los gastos no se pudieron justificar o que presentaron irregularidades financieras por parte de las empresas del duque de Palma.
Iñaki Urdangarin declarará junto con su socio y algunos altos cargos del Gobierno del ex presidente balear, Jaume Matas, también imputados en el caso de corrupción 'Palma Arena', del que forma parte el ‘caso Nóos’, que se dio a conocer a raíz de la construcción del pabellón deportivo, presupuestado inicialmente en 48 millones de euros, cuyo coste se elevó a unos 100 millones.
Por su parte, el abogado del duque de Palma, Mario Pascual Vives, que actúa como su portavoz, insiste en la inocencia de su representado.
Esta será la primera vez en la historia reciente de la monarquía española en la que un miembro de la Casa Real debe rendir cuentas ante la Justicia.