El fiscal de EE. UU. 'dispara' contra el traspaso de armas a México: "fue inaceptable"
El procurador General de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, considera "inaceptable" que se haya permitido el paso de armas de fuego hacia México en la polémica operación conocida como ‘Rápido y Furioso’.
Sin embargo, el funcionario niega que se enterara del operativo, realizado desde 2009, antes de 2011, cuanto se dio a conocer. Así lo declaró en su sexta comparecencia ante el Congreso de EE. UU., esta vez ante el Comité de la Cámara de Representantes para la Supervisión y Reforma del Gobierno que investiga la fallida operación.
Este Comité pretende determinar si los funcionarios del Departamento de Justicia, incluido Holder, mintieron deliberadamente al Congreso al afirmar que desconocían tales prácticas ilegales hasta que se revelaron en 2011.
Holder, por su parte, instó durante su audiencia a proteger los documentos internos sobre el operativo esgrimiendo que su revelación pública tendría un efecto negativo en las deliberaciones conducidas por las agencias del gobierno. Asimismo, recalcó que la operación supuso "un esfuerzo mal encaminado para contener el alarmante tráfico de armas de fuego ilegales desde EE. UU. a México" y subrayó que es "totalmente inaceptable".
Bajo esta operación encubierta se permitió el trasiego ilegal de miles de armas a México en 2009 para rastrear a las bandas de narcotraficantes. Sin embargo, su resultado fue precisamente el opuesto y acabó generando más violencia, según un informe presentado en el Congreso de EE. UU. No en vano, unas 2.000 armas enviadas se ‘extraviaron’ y más tarde muchas de ellas fueron utilizadas para cometer crímenes en ambos países.
El operativo secreto fue articulado por la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, según sus siglas en inglés), una dependencia del Departamento de Justicia.
Víctimas furiosas
Este jueves se informó que la ATF comparecerá en los tribunales por el asesinato en Arizona de Brian Terry, un agente fronterizo de EE. UU. que fue abatido en diciembre de 2010 con armas del suministro ilegal ‘Rápido y Furioso’. Los parientes de Terry demandan unos 25 millones de dólares de compensación por su trágica pérdida.
En su discurso Holder inculpó a los legisladores de limitar con nuevas leyes la capacidad de la ATF para afrontar el tráfico ilícito de armas hacia México, y acusó a los republicanos de intentar sacar tajada política del escándalo en torno a ‘Rápido y Furioso’, mientras olvida otros envíos semejantes de armas ilegales, como así llamado ‘Operativo Receptor Abierto’, que tuvo lugar en 2006 durante el gobierno del republicano George W. Bush.
Ante una situación tan grave como ésta, el fiscal no puede defenderse argumentando que no sabía nada, opina Juan José Gutiérrez, de la organización ‘Vamos Unidos USA’. El experto recuerda que trece meses después de los hechos, aún no sabe quién autorizó el operativo.
“Podría ser que el fiscal general, Eric Holder, está encubriendo evidencias que le pueden perjudicar a él o a subalternos de alto nivel que los identificarían como responsables de esta operación”, dijo Gutiérrez a RT.