El juez Baltasar Garzón ha rechazado rotundamente la condena de 11 años de inhabilitación por autorizar el ‘pinchazo’ a los imputados en un caso de corrupción. Promete recurrir la sentencia del Tribunal Supremo de España.
En una nota remitida a los medios, Garzón asegura que la sentencia no está sustentada en pruebas ni razones jurídicas y que "elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad".
El Tribunal sostiene que Garzón adoptó una decisión ilícita al ordenar escuchas en el 'caso Gürtel', ya que restringió el derecho de defensa de los imputados que se encontraban en prisión por una presunta trama relacionada con varios políticos y sus abogados.
El juez asegura que su actuación en el 'caso Gürtel' se ajustó a la ley y que tomó todas las medidas legales para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción, que operaba presuntamente en Madrid, Valencia y la Costa del Sol.
Derecho de defensa
"La sentencia no dice en ningún momento cuál es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice, sencillamente, porque no existe. Lo inventa", resalta.
En el comunicado, también resaltó que a lo largo del procedimiento, se han violentado sus derechos sistemáticamente, sus peticiones de defensa han sido desatendidas. Además que el Tribunal Supremo ha prescindido de la implicación y participación de los abogados en la trama 'Gürtel'.
Concluyó que la condena "contribuye gravemente, en el afán de acabar con un juez en concreto, a laminar la independencia de los jueces en España".
Este no es el único caso abierto contra el magistrado: debe hacer frente a acusaciones por una investigación de los crímenes del franquismo y por recibir fondos en EE. UU.
A su vez algunos observadores consideran paradójico que el castigo recaiga sobre el magistrado y no sobre los acusados de corrupción.
Y el doctor en Ciencias Políticas y Sociología, Pedro Alberto García Bilbao, cree que esta condena puede ser objeto de discusión acerca de las escuchas.
“La legislación española no es coherente en este tema porque en unos casos esto es delito y en otros casos no”, dijo el experto.
Mientras tanto, centenares de personas se manifestaron en Madrid para expresar su apoyo al juez Garzón.
Los activistas se congregaron en la céntrica plaza de la Puerta del Sol, portando pancartas y gritando en contra de la decisión que implica su expulsión de la carrera judicial. Anteriormente una movilización similar se produjo delante de la sede del Tribunal Constitucional.