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Gran Bretaña se apunta al Gran Hermano: el espionaje llama a la puerta de los británicos

Publicado: 19 feb 2012 18:00 GMT

Todas las llamadas telefónicas, los perfiles y conversaciones de Twitter y Facebook, los correos electrónicos y aún las charlas de los ciudadanos británicos en los juegos en línea serán vigilados por los servicios de inteligencia y conservados durante un año. Y todo ello por razones de seguridad

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Todas las llamadas telefónicas, los perfiles y conversaciones de Twitter y Facebook, los correos electrónicos y aún las charlas de los ciudadanos británicos en los juegos en línea serán vigilados por los servicios de inteligencia y conservados durante un año. Y todo ello por razones de seguridad ante la amenaza terrorista.

Tales herramientas, impropias de una ‘verdadera democracia’, quedan estipuladas en la nueva ley que será sometida al parlamento en mayo y que fue promovida por los servicios de seguridad exterior (MI6) e interior (MI5) conjuntamente con la agencia gubernamental GCHQ, que se ocupa de monitorear comunicaciones.

Así, por primera vez en su historia, Gran Bretaña podría sumarse a la experiencia de EE. UU., donde se promueve la vigilancia a gran escala de las comunicaciones de sus ciudadanos, transformando el concepto de derecho a la privacidad y la libre expresión.

El borrador del proyecto supone que todas las compañías de telecomunicaciones, los proveedores de Internet, así como los representantes de las redes sociales y de juegos en línea, serán ordenadas a crear una base de datos común que serán conservados durante un año.

Espionaje online

Se informa que los servicios especiales tendrán acceso a esta base "en tiempo real", lo que les permitirá obtener información sobre las personas a las que se desee monitorear con lupa.

Aunque los datos no incluirán el contenido de las llamadas o de los correos electrónicos, seguirán el así llamado método '¿de quién, a quién, dónde?', es decir se registrarán datos de los agentes de todas las conversaciones. De este modo, además de datos personales como el número de teléfono o la contraseña de Facebook o Twitter, será revelado el lugar exacto de la llamada o de la emisión del mensaje corto emitido por un móvil.

De hecho, las compañías de comunicación son capaces de determinar el lugar desde donde llamó una persona con margen de error de un metro. Igualmente se puede rastrear al remitente y destinatario de los correos electrónicos y las charlas de los internautas, determinado la dirección IP de la computadora.

Seguridad a expensas de libertades civiles

De este modo los agentes estatales podrán reconstruir todas las acciones de una persona vigilada, lo que legitima la injerencia en la vida privada a escala masiva, y pone contra las cuerdas los derechos civiles.

El ministerio de asuntos interiores justifica la medida por la necesidad de adaptar los sistemas de control a las tecnologías modernas que usan los delincuentes, y para combatir las posibles amenazas terroristas en los próximos Juegos Olímpicos de Londres de este verano, aunque en su comunicado niega que busque “desarrollar poderes más intrusivos”.

En 2009 este y otros motivos semejantes justificaron la necesidad de establecer un control más riguroso sobre las comunicaciones de los ciudadanos. Pero entonces el Gobierno la rechazó en seguida por el casi nulo apoyo de la sociedad, que denunció la ausencia de límites transparentes en el uso de información personal.

Ahora las mismas preocupaciones inquietan a los defensores de derechos humanos, que se pronuncian en contra de esta vigilancia total que contraviene valores democráticos básicos. “Eso consistirá en el esfuerzo sistemático de espiar todas nuestras comunicaciones digitales”, cree Jim Killock, el director ejecutivo del grupo Open Rights Group, citado por el periódico inglés Daily Telegraph.

“Puede parecer inocuo, pero requiere la intercepción activa de cada conversación realizada, y esto nunca se ha hecho en una sociedad democrática”, asegura Gus Hosein, el activista del grupo Privacy Internacional.

Espionaje 'legal' bajo amenaza pirata

Tampoco la gente tiene claro si los organismos estatales que tengan acceso a la base de datos sobre cada ciudadano británico serán capaces de protegerla frente a un posible uso criminal u comercial.

“Cada ‘hacker’, cada amenaza malintencionada, cada Gobierno extranjero querrá tener acceso” a estos datos, dice Hosein. En caso de que los ciberpiratas consigan acceder a estos datos, podrían explotar la información para enviar correos basura o proporcionar direcciones a las empresas comerciales con las preferencias de las personas (pirateando para ello sus historias de búsqueda digital).

Además, los expertos advierten que si a los proveedores de Internet se les ordena mantener tales datos de búsqueda, podrían usarlos para vender los servicios publicitarios a las empresas interesadas.

A la sociedad británica le inquieta la norma, aunque también cunde la preocupación que suscita el terrorismo tanto local, como global. En este contexto todavía no se puede predecir cual será la apuesta  del pueblo británico: ¿seguridad total o libertad de privacidad?

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