El juicio contra el ex soldado de primera Bradley Manning comenzará este jueves en Fort George Meade, en el estado de Maryland, EE. UU. En esta audiencia del tribunal militar al joven, de 24 años, le presentarán los 22 cargos que se le imputan.
Manning ha esperado este juicio en custodia desde mayo del 2010, cuando fue arrestado por filtrar información secreta al portal WikiLeaks y así revelar al mundo la verdad sobre las atrocidades que cometían los soldados norteamericanos en Oriente Medio, y los objetivos ocultos de la política bélica estadounidense.
Se le inculpa al ex analista de inteligencia la ayuda al enemigo entre varias infracciones de la ley de espionaje y otras normas militares y civiles. Los materiales filtrados que le pueden costar toda la vida en prisión son, en primer lugar, las imágenes de pilotos estadounidenses matando a civiles desarmados e incluso a varios periodistas y los testimonios de mujeres forzadas por oficiales. Las autoridades las mantenían clasificadas: algo que, según afirma la jefa de un proyecto por la seguridad nacional y los derechos humanos, Jesselyn Raddack, el Gobierno nunca debería haber hecho.
“No puedes andar por todos lados escondiendo información criminal —dice la activista—. Eso no es adecuado y yo no he oído a nadie reclamar que lo que Wikileaks mostró no eran crímenes de guerra”.
Dobles estándares
Con una actitud de las autoridades más tolerante, el hecho podría tener otra repercusión en la sociedad. Así Daniel Ellsberg se convirtió en una persona muy famosa tras publicar datos secretos del Pentágono referentes a la guerra en Vietnam. Ahora, aún vivo, se encuentra entre los que lanzaron el año pasado una campaña para que EE. UU. libere a Manning. Desde las páginas de numerosos editoriales lo calificaban de verdadero héroe por dar a conocer lo que realmente estaba ocurriendo en las selvas vietnamitas.
Otro caso similar es el de Jesselyn Raddak, quien denunció las torturas realizadas por agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) durante el interrogatorio de un miembro del movimiento talibán de origen estadounidense, Jonh Walker Lindh. Pese a las investigaciones a las que fue sometida, la situación no se volvió tan grave para ella como para el ex soldado.
Para muchos analistas la causa contra Manning sirvió de pretexto para conjeturar si la justicia estadounidense se rige con el objetivo de proteger a su pueblo o recurre a la política de dobles estándares para salvaguardar la imagen del Gobierno. Mientras llega la respuesta, es probable que las personas como este soldado, quienes solo buscaban revelar la verdad, sigan siendo juzgadas con toda la dureza de la ley, como si se tratara de unos verdaderos criminales.