Las autoridades venezolanas determinaron, tras una intervención cerrada de diez días, que los bancos Canarias, Confederado, Bolívar y ProVivienda, presentan una comprometida situación financiera, tras lo cual fueron clausurados. Según las autoridades, se procederá a la liquidación de los bancos Canarias y ProVivienda; mientras, el Gobierno tratará de rehabilitar al Confederado y al Bolívar.
Ricardo Fernández, propietario de dos de los bancos intervenidos, está acusado por malversación de los recursos de los depositantes, otorgamiento de créditos a su favor y asociación ilícita para delinquir. El 20 de noviembre, después de que el Gobierno asumiera el control de los bancos en quiebra pertenecientes a Fernández y un grupo de inversionistas, el empresario se entregó a la policía secreta y podría enfrentarse hasta a 10 años de cárcel. Sin embargo, según Antonio Guerrero, el abogado de Fernández, los problemas legales de su cliente no son nada más que una errónea auditoría de los libros bancarios.
Fernández, que actualmente tiene 44 años, es un representante de la clase que en se conoce en Venezuela como “boliburguesía” (burguesía bolivariana). Esta palabra fue inventada por el periodista Juan Carlos Zapata, director del semanario venezolano Descifrado, para nombrar a una capa social enriquecida gracias al poder.
Fernández en gran parte debe su fortuna, calculada en 1 600 millones de dólares, a los contratos con el Gobierno. Es conocido como “Rey de Mercal”, es decir, principal proveedor de productos alimenticios para Mercal, la cadena estatal que vende productos alimenticios subsidiados a los más pobres.
Los expertos opinan que Chávez, al tratar de manera despectiva a su banquero predilecto, demostró que el Gobierno está dispuesto a luchar contra la corrupción. En su programa televisivo Chávez subrayó: “Hay gente que se dice revolucionaria y anda haciendo negocios. Un verdadero revolucionario no anda haciendo negocios para su beneficio”.