“Solamente las personas que carecen de recursos económicos para comprar una defensa legal son los que van a prisión en Estados Unidos”. Esta es la opinión de Juan José Gutiérrez, miembro de Vamos Unidos USA, con respecto a las donaciones hechas por quienes respaldan a George Zimmerman, el asesino Trayvon Martin.
La polémica en torno al caso del asesinato del joven afroamericano ha aumentado durante los últimos días tras conocerse que quienes apoyan al autor del asesinato, que actualmente se encuentra en libertad condicional, han donado más de 200.000 dólares para su defensa a través de una página web especialmente creada con ese propósito.
Según Gutiérrez, con este apoyo Zimmerman pretende hacerse la víctima y podría quedar impune a pesar de las evidencias de que mató al joven por motivos raciales.
“En este país las personas acaudaladas siempre encuentran la manera de que no se haga justicia, de que se les declare inocentes y que de esta manera no vayan a prisión”, aseguró Gutiérrez en RT.
A finales del mes pasado el abogado defensor de Zimmerman, Mark O'Mara, abrió un sitio web, una página de Facebook y una cuenta de Twitter con el fin de ofrecer un foro de discusión y recaudar fondos para la defensa de su cliente. Se estima que las donaciones ya superan los 200.000 dólares.
Gutiérrez afirma que las contradicciones presentes en la sociedad estadounidense, especialmente por motivos raciales, están aflorando más que nunca en este año electoral y está convencido de que las donaciones seguirán llegando.
Mientras tanto, el nuevo jefe de la Policía de la ciudad estadounidense de Sanford, donde se produjo el asesinato, decidió hacer una evaluación profunda de todo su departamento para determinar si existieron problemas internos en el caso de Martin. El anterior jefe fue expulsado por no conducir una investigación del caso y hacer una declaración pública a favor del vigilante que asesinó al adolescente afroamericano.
La muerte del joven tuvo gran repercusión en todo el país, poniendo en primer plano de nuevo el problema de la discriminación racial y la imperfección de una ley estatal de posesión de armas que permite a los residentes de Florida usar medios de defensa mortales si se sienten "amenazados".