Argentina reconoce el derecho a muerte digna

Argentina ha convertido en ley el derecho a muerte digna. La Cámara de Senadores aprobó este miércoles el proyecto que habilita a pacientes terminales a rechazar medidas de soporte vital.

La iniciativa "no contempla ni la eutanasia ni el suicidio asistido, tiene que ver con una muerte digna, entendida como la preservación de la dignidad durante el proceso de muerte", aclaró el jefe del bloque de la opositora Unión Cívica Radical (UCR), Luis Naidenoff.

La nueva legislación reconoce el derecho de un enfermo que padezca una enfermedad irreversible a "aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa, así como también a revocar posteriormente su manifestación de voluntad".

Concretamente, los pacientes podrán negarse a recibir procedimientos, cirugías y medidas de soporte vital, cuando "sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a las perspectivas de mejoría". También podrán rechazar hidratación y alimentación, si el único efecto de estas es la prolongación del tiempo en un estado terminal incurable.

Para conseguirlo, basta que el enfermo comunique su decisión al médico. En los casos en los que no sea capaz de comunicarse con el mundo exterior, el derecho de exigir una muerte digna para el paciente pasa a sus familiares o responsables legales.

Sin embargo, la ley detalla que cualquiera sea el caso, la negativa no significará la interrupción de acciones destinadas al adecuado control y alivio del sufrimiento del enfermo.

La iniciativa aprobada hoy es la culminación del debate provocado por el caso de Camila Sánchez, que nació muerta hace tres años pero fue reanimada. Desde el día de su nacimiento, la pequeña está internada en el Centro Gallego de Buenos Aires, conectada a un respirador y a un botón gástrico que la alimenta. No le funciona ninguno de sus sentidos y tampoco tiene conciencia. A pesar de todas las solicitudes por parte de sus padres de desconectarla, los médicos siempre se han negado ya que la legislación existente les prohibía hacerlo.