El Alto Comisionado de la ONU en Bolivia para los Derechos Humanos asegura que el conflicto está afectando “indiscriminadamente” a la mayoría de la población y que, además, conlleva “notables pérdidas económicas, tanto para el sector público como privado”, reza su comunicado. El organismo denuncia casos de personas con problemas de salud que no han podido recibir la atención oportuna y acentúa que las protestas “ocasionaron violencia y daños a terceros, ambos con serias consecuencias".
Asimismo, insta a los protagonistas de las protestas a "respetar el marco normativo internacional y nacional", evitando las acciones que puedan afectar a la vida y salud de las personas, incluyendo la suya propia. También denuncia que la práctica generalizada de impedir la libre movilización de personas y bienes en vías y carreteras del país menoscaba los derechos de la población. “El derecho de los distintos sectores sociales a manifestarse libre y pacíficamente a fin de impulsar sus reivindicaciones constituye uno de los pilares de una sociedad democrática. Sin embargo, por legitimas que sean las reivindicaciones, el ejercicio de ese derecho no es absoluto. Debe necesariamente conciliarse con el respeto de las libertades de los demás", insiste la ONU.
El organismo se dirigió a ambas partes involucradas en el conflicto, pidiéndoles que entablen un diálogo pacífico destinado a buscar una solución donde prevalezca el interés común de toda la sociedad.
Las protestas sindicales sacuden Bolivia desde hace siete semanas. La Central Obrera Boliviana (COB) reclama al Gobierno de Evo Morales un aumento salarial y la anulación de la subida de seis a ocho horas de la jornada laboral de médicos y trabajadores de hospitales.
Según el partido oficialista, Movimiento al Socialismo (MAS), las protestas son fomentadas y financiadas por la oposición. Las movilizaciones sociales son un derecho constitucional de los ciudadanos, pero "los desbordes, el vandalismo, los ataques" a instituciones del Estado "buscan una situación de desestabilización", opina Sandra Soriano, senadora de MAS. El objetivo de las protestas "es hacer un ensayo" de golpe de estado, comenta Roberto Rojas, jefe de los diputados del partido. La oposición, por su parte, niega estas acusaciones e insiste que las protestas tienen solo fines sociales.