Comienza el juicio contra represores de la dictadura militar en Argentina

Comienza en Argentina uno de los procedimientos más mediáticos y relevantes de la actualidad. Se trata de la “megacausa” de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) con un total de unos 500 casos de violaciones de los derechos humanos, cometidas en el centro clandestino de detención en el que se convirtió ese centro de formación naval.

Los 19 represores de la última dictadura militar que se instauró en el poder entre 1976 y 1983 y que irán a juicio, entre los cuales se encuentran Alfredo Astiz y Jorge "Tigre" Acosta, están acusados de los secuestros, torturas y asesinatos del periodista Rodolfo Walsh, las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, un grupo de defensa de los derechos humanos, entre otros.

Las organizaciones de defensa de derechos humanos afirman que más de 5.000 presos políticos pasaron por las cámaras de torturas del centro, menos de la mitad de los cuales sobrevivieron.

Solamente una parte de los responsables se sienta ahora en el banquillo de los acusados, comenta Luís Alem, el delegado de defensa de los derechos humanos del Gobierno, pero se espera que el juicio resulte un punto de referencia y que los represores sean sentenciados a cadena perpetua.

Conocido como el “Ángel de la Muerte” rubio, el ex Capitán Alfredo Astiz está acusado de desempeñar un papel clave en los intentos de la junta militar de eliminar a los disidentes izquierdistas y sus simpatizantes, y en el secuestro y desaparición de un grupo de 12 personas vinculadas a las Madres de Plaza de Mayo y a los movimientos de defensa de los derechos humanos .

Este grupo  comenzó a reunirse en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada (palacio de la Presidencia) en Buenos Aires, un lugar tradicional de manifestaciones políticas, poco después del golpe de estado militar de 1976, para demandar información referente al destino de los jóvenes desaparecidos o detenidos durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional (eufemismo empleado por la dictadura militar para denominar a su propio gobierno).  Los miembros del grupo también se encontraban en una iglesia cercana para intercambiar los datos que hubieran podido conseguir, razón por la cual se les conoce como "el grupo de la Iglesia Santa Cruz".

Para incorporarse al grupo, Astiz fingió ser hermano de uno de los desaparecidos y frecuentó las reuniones. En diciembre de 1977 ayudó a las fuerzas de seguridad a identificar y secuestrar a las hermanas Domon, Duquet y a otros 10 activistas de los derechos humanos que habían preparado una solicitud abierta con la lista de nombres de los desaparecidos y reclamando al gobierno que diera a conocer su destino.

Walsh también desapareció aquél año, al publicar una carta abierta que acusaba a la junta militar de violar los derechos humanos.

Los testigos confirman que Duquet estuvo presa en la ESMA antes de que su cuerpo fuera arrojado al Atlántico desde un avión en uno de los muchos “vuelos de  la muerte” a través de los cuales los militares se deshacían de los cuerpos de los opositores torturados y asesinados (se sabe que, en ocasiones, incluso eran lanzados al mar sedados, pero con vida).

Astiz afirma no tener constancia de la existencia de los “vuelos de la muerte”, mientras que su abogado subraya que, siendo un miembro uniformado de la armada, estuvo obedeciendo órdenes para proteger a la nación de una amenaza extremista.

En 1990 fue juzgado por un jurado en Francia y condenado en ausencia a cadena perpetua por la desaparición de las monjas.

También se le juzgó en Argentina con anterioridad, en 1985, pero el procedimiento fue suspendido por las leyes de "amnistía", (leyes de Punto Final y Obediencia Debida) adoptadas aquél año, que libraron de responsabilidad a más de un millar de agentes de la represión política de la dictadura militar.  

En 2003 Argentina derogó las llamadas "leyes del perdón" parlamentariamente y en 2005 reabrió los casos, entre los cuales hay causas que todavía están siendo juzgadas actualmente, entre ellas la de la ESMA. En el juicio declararán aproximadamente 280 testigos, muchos de los cuales sobrevivieron a las torturas en la cárcel clandestina.

Un total de 358 argentinos están a la espera de ser procesados por los crímenes de la guerra sucia, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El libro Nunca Más, el informe oficial de la Comisión Nacional de Desaparecidos, creada por el presidente de Argentina Raúl Alfonsín en 1983 con el objetivo de investigar las graves, reiteradas y planificadas violaciones de los derechos humanos, calcula el número de víctimas del terrorismo de Estado en unas 9.000 personas, contando sólo con los denunciados hasta 1983, mientras que los organismos de derechos humanos, a partir de las denuncias y la estimación de casos no denunciados, consideran que la cifra de personas detenidas-desaparecidas podría alcanzar las 30.000.