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La lucha antidroga de EE. UU. hace aguas
Las autoridades estadounidenses están perdiendo la batalla contra el narcotráfico, opina el analista político Alfredo Gutiérrez en declaraciones a RT.
Gutiérrez, asegura que "la estrategia aplicada en la lucha de narcotráfico está fracasada, y no lo quieren reconocer porque hay grandes intereses". "El narcotráfico alimenta también la industria armamentística", dijo el experto, comentando la reciente información en relación al ex gobernador del estado mexicano de Tamaulipas, Tomás Yarrington, acusado de lavar millones de dólares de los cárteles del narcotráfico en Texas cuando ejercía su cargo.
El analista se refiere a Texas como a "un estado que se opone al control de la venta de armas" y asegura que "hay negocios que se están beneficiando del mantenimiento de esa política del combate al narcotráfico", lo que -según Gutiérrez- "muestra la podredumbre del sistema".
El Gobierno estadounidense ya presentó dos demandas ante las cortes federales para decomisar propiedades supuestamente adquiridas con el dinero ilegal de Yarrington. Sin embargo, aún no se ha iniciado ningún proceso contra el ex funcionario.
Este año su nombre fue mencionado en la sentencia de Antonio Pena Arguelles, acusado de lavar dinero en San Antonio. El documento informaba que los carteles de Golfo y de los Zetas pagaron millones de dólares a los miembros del Partido Revolucionario Institucional mexicano situados en altos cargos, entre los que figuraba también Yarrington.
El ex gobernador de Tamaulipas permaneció en su cargo desde 1999 hasta 2004. Los medios mexicanos señalan que mantenía las relaciones estrechas con el ex presidente estadounidense, George W. Bush, que una vez describió sus lazos con él en los siguientes términos: "Tomás Yarrington no es mi amigo. Tomás Yarrington es mi compadre".
El abogado del ex gobernador afirma que las propiedades que quiere confiscar la fiscalía estadounidense no pertenecen a Yarrington y niega todas las acusaciones contra su cliente.
Uno de los últimos grandes fallos de EE. UU. en este campo fue la operación 'Rápido y Furioso', que tenía como objetivo incoar procesos penales contra jefes traficantes por medio de la venta de armas a los delincuentes y el posterior seguimiento de su rastro. Pero los resultados fueron precisamente los contrarios: de las más de 2.000 armas relacionadas con la operación, 227 fueron recuperadas en México y 363 en EE. UU. El resto no apareció.
El analista se refiere a Texas como a "un estado que se opone al control de la venta de armas" y asegura que "hay negocios que se están beneficiando del mantenimiento de esa política del combate al narcotráfico", lo que -según Gutiérrez- "muestra la podredumbre del sistema".
El Gobierno estadounidense ya presentó dos demandas ante las cortes federales para decomisar propiedades supuestamente adquiridas con el dinero ilegal de Yarrington. Sin embargo, aún no se ha iniciado ningún proceso contra el ex funcionario.
Este año su nombre fue mencionado en la sentencia de Antonio Pena Arguelles, acusado de lavar dinero en San Antonio. El documento informaba que los carteles de Golfo y de los Zetas pagaron millones de dólares a los miembros del Partido Revolucionario Institucional mexicano situados en altos cargos, entre los que figuraba también Yarrington.
El ex gobernador de Tamaulipas permaneció en su cargo desde 1999 hasta 2004. Los medios mexicanos señalan que mantenía las relaciones estrechas con el ex presidente estadounidense, George W. Bush, que una vez describió sus lazos con él en los siguientes términos: "Tomás Yarrington no es mi amigo. Tomás Yarrington es mi compadre".
El abogado del ex gobernador afirma que las propiedades que quiere confiscar la fiscalía estadounidense no pertenecen a Yarrington y niega todas las acusaciones contra su cliente.
Uno de los últimos grandes fallos de EE. UU. en este campo fue la operación 'Rápido y Furioso', que tenía como objetivo incoar procesos penales contra jefes traficantes por medio de la venta de armas a los delincuentes y el posterior seguimiento de su rastro. Pero los resultados fueron precisamente los contrarios: de las más de 2.000 armas relacionadas con la operación, 227 fueron recuperadas en México y 363 en EE. UU. El resto no apareció.
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