El documento parcialmente bloqueado sustituye la ley de 1965 y flexibiliza las normas para preservar la vegetación. Disminuye el territorio que no puede ser deforestado, las denominadas Áreas de Protección Ambiental Permanente (APP) -los bosques ribereños, las cimas de las colinas y las áreas de reserva legal- cuando estén situados en propiedades privadas. Por ejemplo, las zonas protegidas a la vera de los ríos, que actualmente suponen una franja de 30 metros a cada lado, pasan a ser de solamente 15 metros.
Estipula, además, que los terratenientes que durante los últimos 10 años deforestaron zonas protegidas por ley pueden mantener su actividad agrícola y ganadera, si regularizan sus propiedades en un plazo determinado.
Según insisten los promotores de la versión completa del documento, el veto desembocará en una producción reducida de alimentos y una importante subida de precios, lo que afectará, sobre todo, a los más pobres. Acentúan también que las exportaciones de ganado y productos agrícolas son uno de los principales motores de la economía del país.
Para los medioambientalistas, en cambio, se trata de un texto “horrible” que supone una seria amenaza para la preservación de la selva. Calculan que los hacendados acabaron ya con un 22% de la Amazonia y eso solo en los últimos años. En vísperas de la programada firma de la ley, habían entregado a Rousseff una petición con casi 2 millones de firmas recolectadas por todo el mundo en contra del proyecto.
La decisión del veto llega en vísperas de la cumbre medioambiental de la ONU en Río de Janeiro, Río+20, que se celebrará en junio.