El polémico ACTA promueve el establecimiento en las legislaciones nacionales de unas nuevas sanciones penales contra los proveedores y usuarios de Internet que no logren observar la legalidad de todos los contenidos que suban, guarden o descarguen. Tanto los internautas activos, como los políticos de distintos países temen que esta cláusula criminalice a la mayor parte de la sociedad.
El acuerdo tampoco encontró apoyo entre las autoridades de Alemania, Bulgaria, Polonia y República Checa. Miles de personas salieron a las calles de las ciudades europeas protestando contra la medida que, según ellos, violaría la libertad de expresión y de acceso libre a la información.
Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón y varios países más firmaron el acuerdo, pero en ningún caso fue ratificado hasta ahora.