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México exige responsabilidades por la operación ‘Rápido y Furioso’
Los políticos mexicanos exigen la destitución del fiscal general de EE. UU., Eric Holder, por haber quebrantado la soberanía de su país en la fracasada operación contra el tráfico de armas 'Rápido y Furioso'.
Los senadores mexicanos demandan que no queden impunes los responsables del operativo estadounidense 'Rápido y Furioso', activado en 2009 y que permitió la entrada ilegal de más de 2.000 armas en la nación azteca, con el objetivo de realizar un seguimiento sobre ellas, pero que finalmente fueron a parar a manos de organizaciones criminales.
Los senadores se pronunciaron ante la negativa del fiscal de renunciar a su cargo a pesar de haber recibido duras críticas del Congreso estadounidense por no facilitar los documentos requeridos y entorpecer la investigación, lo que le podría valer una sanción por desacato.
Según afirmó el profesor y analista Octavio Pescador en RT, el gran interrogante es si el Gobierno de México conocía el caso o si "había partes, agencias, instituciones o individuos dentro del Gobierno que estaban informados de que esta operación tenía lugar".
De no tener responsabilidad en los hechos, México debe hacer respetar su soberanía, opina el analista.
Por su parte, Eric Holder no respondió directamente a las acusaciones pero comentó que próximamente despedirá a aquellos que estuvieron a cargo del operativo, medida que los representantes de los principales partidos políticos mexicanos consideran poco severa.
Además, el procurador general advirtió el martes en el Senado sobre una posible “crisis constitucional” en EE. UU. en caso de que avance el proceso de desacato derivado de la operación de tráfico de armas a México.
Holder ofreció reunirse con el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, o el titular del Comité de Supervisión, Darrell Issa, en busca de un arreglo que evite el proceso de desacato previsto para el próximo 20 de junio.
Los senadores se pronunciaron ante la negativa del fiscal de renunciar a su cargo a pesar de haber recibido duras críticas del Congreso estadounidense por no facilitar los documentos requeridos y entorpecer la investigación, lo que le podría valer una sanción por desacato.
Según afirmó el profesor y analista Octavio Pescador en RT, el gran interrogante es si el Gobierno de México conocía el caso o si "había partes, agencias, instituciones o individuos dentro del Gobierno que estaban informados de que esta operación tenía lugar".
De no tener responsabilidad en los hechos, México debe hacer respetar su soberanía, opina el analista.
Por su parte, Eric Holder no respondió directamente a las acusaciones pero comentó que próximamente despedirá a aquellos que estuvieron a cargo del operativo, medida que los representantes de los principales partidos políticos mexicanos consideran poco severa.
Además, el procurador general advirtió el martes en el Senado sobre una posible “crisis constitucional” en EE. UU. en caso de que avance el proceso de desacato derivado de la operación de tráfico de armas a México.
Holder ofreció reunirse con el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, o el titular del Comité de Supervisión, Darrell Issa, en busca de un arreglo que evite el proceso de desacato previsto para el próximo 20 de junio.
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