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España: la polémica ley Sinde, ahora contra las webs de enlaces
La primera resolución de la ley española conocida como Sinde se utiliza contra un sitio de enlaces. La normativa obliga a la página intermediaria a retirar los enlaces al contenido que viole los derechos de autor en un plazo de 72 horas sin el derecho a apelar la decisión.
“Internet se define básicamente por ser una red de conexiones. Es decir, la razón de existir de internet y de ser son los enlaces. Los enlaces están ideados incluso para trabajar con el sistema que trabaja el cerebro humano. Nosotros cuando relacionamos conceptos lo hacemos de una manera muy similar a internet”, opina referente al tema el coordinador del partido pirata de Aragón, Bruno Pocino.
La decisión supone que el sitio se verá obligado a vigilar toda la información que contenga enlaces prohibidos. En caso de no cumplir la demanda, los dueños del sitio se verán obligados a cerrarlo y pagar una multa que podría alcanzar los 600.000 euros.
La polémica legislación que busca acabar con las descargas ilegales y proteger los derechos de autor en la red se puso en marcha a principios de marzo de 2012, provocando un fuerte debate en la sociedad. Los expertos denuncian que al crear la comisión gubernamental que se encarga de investigar las páginas, el Estado de hecho apartó a los jueces cuyas decisiones solían estar a favor de los sitios web.
“En este país, como en la mayoría de países, el compartir no es ilegal. Intentaron cerrar muchas páginas que contenían esos enlaces. Los jueces sistemáticamente zanjaron los casos dándole la razón a las páginas web y declarando que compartir no es ilegal. Llegados a este punto el Estado, presionado por el Estado estadounidense como ha demostrado WikiLeaks, aprobaron esta ley que lo que viene a hacer es romper la baraja. Como el juez no les da la razón a las industrias y a aquéllos que están en contra de compartir, lo que hacen directamente es eliminar la figura de juez declarando a una comisión designada por el Gobierno y dándole el poder de poder cerrar las webs que estimen oportunas basándose en criterios arbitrarios como el de los enlaces”, dijo en sus declaraciones a RT el experto.
La decisión supone que el sitio se verá obligado a vigilar toda la información que contenga enlaces prohibidos. En caso de no cumplir la demanda, los dueños del sitio se verán obligados a cerrarlo y pagar una multa que podría alcanzar los 600.000 euros.
La polémica legislación que busca acabar con las descargas ilegales y proteger los derechos de autor en la red se puso en marcha a principios de marzo de 2012, provocando un fuerte debate en la sociedad. Los expertos denuncian que al crear la comisión gubernamental que se encarga de investigar las páginas, el Estado de hecho apartó a los jueces cuyas decisiones solían estar a favor de los sitios web.
“En este país, como en la mayoría de países, el compartir no es ilegal. Intentaron cerrar muchas páginas que contenían esos enlaces. Los jueces sistemáticamente zanjaron los casos dándole la razón a las páginas web y declarando que compartir no es ilegal. Llegados a este punto el Estado, presionado por el Estado estadounidense como ha demostrado WikiLeaks, aprobaron esta ley que lo que viene a hacer es romper la baraja. Como el juez no les da la razón a las industrias y a aquéllos que están en contra de compartir, lo que hacen directamente es eliminar la figura de juez declarando a una comisión designada por el Gobierno y dándole el poder de poder cerrar las webs que estimen oportunas basándose en criterios arbitrarios como el de los enlaces”, dijo en sus declaraciones a RT el experto.
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