El relator de la ONU sobre ejecuciones arbitrarias, Christof Heyns, instó a Washington a aclarar de qué modo toma la decisión de "matar en lugar de capturar" a los que considera delincuentes y si el Gobierno del país donde se efectúa ese ataque ha dado su consentimiento.
“El Gobierno [de EE. UU.] debe aclarar qué procedimientos usa para garantizar que estos asesinatos selectivos son acordes con el derecho humanitario internacional y los derechos humanos, así como las medidas que permiten una investigación pública, independiente y efectiva en casos de violación", declaró el experto de la ONU en su informe.
Citando los datos de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, el alto cargo reveló que EE. UU. mató al menos a 957 personas en el país tan solo en 2010. Miles de personas murieron en este país en 300 ataques con drones desde 2004, se cree que un 20% de ellos son civiles.
La exigencia de Heyns es la reiteración de las recomendaciones realizadas por el anterior relator, que efectúo una visita a Estados Unidos en 2008.
Asimismo, Christof Heyns declaró su preocupación por el precedente que puede sentar esta práctica, que permitiría a cualquier gobierno, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo, asesinar a un individuo en otro país si considera que constituye una amenaza para su seguridad.
Los drones juegan un papel clave en muchas operaciones contraterroristas de EE. UU. A principios de este mes como resultado de un ataque aéreo en Pakistán fue abatido uno de los líderes de Al Qaeda, Abu Yahya al-Libi. El embajador estadounidense en Islamabad fue invitado al Ministerio de Exteriores de Pakistán, donde le expresaron una dura protesta contra las operaciones aéreas.
En Pakistán, a diferencia de Afganistán, no hay un conflicto internacional reconocido, pero los militares de EE. UU. siguen atacando los presuntos refugios de Al Qaeda en territorio pakistaní. “Hemos dado a entender claramente que vamos a defendernos”, declaró el 6 de junio el jefe del Pentágono, Leon Panetta. Según el alto cargo, en Pakistán se esconden los terroristas que organizaron los atentados del 11-S. Islamabad califica la realización de tales operaciones de una violación de la legislación internacional y de la soberanía de Pakistán.