Los granjeros hispanos de los Estados Unidos acusaron al Gobierno federal de discriminación en los préstamos, escribe The Washington Post. Anteriormente, con acusaciones similares contra el Ministerio de Agricultura, se manifestaron agricultores afroamericanos, mujeres e indios. Estos afirman que se les ofrecían préstamos en condiciones inaceptables o que simplemente no se les otorgaban.
Entre estos grupos los afroamericanos han tenido más éxito: el Ministerio de Agricultura ya tomó una resolución por su reclamación y pagó una cifra total de mil millones de dólares a 15 mil granjeros.
Sin embargo, las negociaciones sobre el arreglo de una demanda similar de los agricultores indios se iniciaron en noviembre y continúan hasta ahora. En ambos casos, el Tribunal de Reclamaciones les denominó como "grupo", como si hubiese presentado la reclamación en nombre de una clase de ciudadanos.
Las demandas de los hispanos, por otro lado, serán examinadas de forma individual porque el juez de la corte federal de distrito de Washington, James Robertson, se negó a darles el estatus de grupo de ciudadanos. Las mujeres agricultoras están en la misma situación. Sin embargo, los demandantes esperan que el Gobierno se compromete a cumplir sus peticiones fuera de los tribunales.
El certificado presentado ante el tribunal por un agricultor de Nuevo México, Alberto Acosta, es un buen ejemplo de discriminación estatal.
Entre 1998–1999 Acosta, que cultiva el ají chile, recibió un préstamo del Gobierno federal por 92 000 dólares. Sin embargo, el funcionario responsable exigía que el agricultor viajara 400 kilómetros hasta la oficina local del ministerio para arreglar todos los gastos importantes. Además Acosta —que no habla inglés— en cada oportunidad debía recurrir a la ayuda de un intérprete. Como resultado, los costos eran tan grandes que su granja quebró.