El llamado ‘Comité de Puesto de Avanzada’, designado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, recomienda la legalización de los asentamientos argumentando que esos territorios no estaban ocupados.
“Los israelíes tienen derecho legal para instalarse en Judea y Samaria, y el establecimiento de los asentamientos no puede considerarse ilegal”, señala el informe publicado por el Comité.
Las Naciones Unidas han desacreditado repetidamente la construcción de asentamientos judíos en Cisjordania, que consideran una violación del derecho internacional. Sin embargo, el comité israelí sostiene que debido a “las circunstancias históricas (…) las leyes clásicas de la ocupación no son aplicables” para Israel.
La semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU designó un equipo para poner en marcha una investigación sobre el impacto de los asentamientos israelíes en los residentes palestinos de Cisjordania.
Pero las autoridades de la nación hebrea anunciaron que no permitirán el acceso de los expertos al país, ya que representa una distorsión del derecho internacional que la ONU utiliza para criminarlizar Israel.
Por su parte, el Parlamento Europeo exhortó a la comunidad internacional a llevar ante la justicia a los judíos que viven en Cisjordania y que cometen actos de violencia contra palestinos. Además, el Parlamento pidió al Gobierno israelí que cese su programa de construcción en los territorios ocupados ya que representa un serio “obstáculo para el proceso de paz”.
Los asentamientos israelíes en Cisjordania es la manzana de la discordia entre palestinos e israelíes, y lo que ha frenado las negociaciones de paz. Palestina se ha negado a sentarse a negociar mientras Israel continúe con su programa de construcción. En tanto, las autoridades hebreas se han negado reiteradamente a abandonar el programa, argumentando que los vínculos históricos y religiosos justifican su presencia en esa región.