Los implicados son acusados de delitos que van desde corrupción activa y pasiva, hasta malversación, lavado de dinero, asociación ilícita y evasión de divisas. El caso se refiere a una complicada trama de supuestos desvíos de dinero público y privado que, según sostiene la acusación, financió en 2002 las campañas de Lula a la Presidencia y de otros políticos del Partido de los Trabajadores (PT) y de otras cuatro formaciones a diversos cargos.
Además de la financiación ilegal de campañas políticas, la misma arquitectura financiera habría servido para sobornar entre 2003 y 2005 a decenas de diputados a fin de que votasen a favor de los proyectos que presentaba el Gobierno de Lula, que había asumido sin mayoría parlamentaria.
El más relevante de los acusados es José Dirceu, ex ministro de la Presidencia y 'hombre fuerte' del Gobierno de Lula y del PT, que se vio obligado a renunciar cuando surgieron las primeras denuncias.
Dilma Rousseff no se ha pronunciado
En su momento el escándalo sirvió para que Dilma Rousseff fuera nombrada jefa de gabinete, cargo equivalente al de primer ministro en Brasil, después de que las acusaciones obligaran a Dirceu a renunciar, tachado de ser el cerebro de las operaciones de corrupción.
Rousseff no se ha pronunciado sobre el caso en el que están involucrados sus compañeros de partido, aunque en caso de comprobarse alguna de las acusaciones la mandataria no se vería afectada, ya que los acusados son considerados parte de una era política que está relegada al pasado.
A pesar de que los resultados del juicio podrían afectar a Lula, el ex mandatario es todavía querido por los brasileños tras un gobierno de ocho años en los que la economía creció más de un 4% al año.
Se calcula que el proceso, que se transmitirá por televisión, demandará por lo menos quince sesiones hasta llegar al momento de la sentencia, lo que se prevé para mediados de septiembre próximo.