La Corte le dio al Gobierno seis meses para reubicar su puesto militar, más exactamente una escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que el Gobierno "respetará" y "acatará" la decisión.
Sin embargo, también dejó la puerta abierta para una eventual apelación. "Vamos a acudir a las herramientas jurídicas que tiene en este caso el Gobierno, llevarlas a las instancias de la Corte para que sea revisado el tema", aseguró el ministro.
El Gobierno espera encontrar cómo favorecer a las comunidades indígenas sin que eso afecte la seguridad del país, añadió Pinzón.
El área que ha de ser entregada, de aproximadamente seis hectáreas, corresponde al resguardo Jiw de Barrancón, y en ese proceso el Ministerio ha de estar acompañado por la Defensoría del Pueblo, la Pastoral Social de Cáritas y las Naciones Unidas.
La decisión judicial llega semanas después de que el Ejército chocara con miembros de la comunidad de los Nasa, otro grupo indígena en el suroeste del país, que pidieron que tanto el Ejército y la Policía, como la guerrilla de las FARC desalojaran sus territorios ancestrales.
De hecho, el 11 de julio aborígenes nasa desalojaron a empujones una base militar instalada en el Cerro de Berlín en el resguardo de Toribío, aunque las autoridades colombianas la retomaron al día siguiente y el Gobierno remarcó que el territorio no será desatendido.