Tras las manifestaciones de desempleados, funcionarios, mineros y trabajadores españoles, esta vez los sindicatos de ferrocarrileros convocaron a cerca de 30.000 de sus empleados y otros 100.000 trabajadores externos de organismos de transporte como Renfe, Adif y Feve a una huelga de 24 horas, que dejará fuera de servicio a 554 trenes de cercanías, media distancia y AVE, lo que coincide con los desplazamientos masivos por las vacaciones de verano.
La protesta se organizó ante el proyecto de dividir la actual operadora pública Renfe en cuatro sociedades y contra los planes de privatizar las empresas ferroviarias estatales, lo que permitiría a cualquier empresa ferroviaria privada o pública de otro país licitar el servicio.
Mientras tanto expertos indican que en este contexto el gobierno de España debe tratar de abordar los problemas económicos de manera más coherente y razonable tomando en consideración la brecha creciente entre ricos y pobres.
“La única salida a esta situación para el gobierno actual sería aplicar una política económica completamente distinta, que implicase un estímulo público de la economía y un reparto mejor y más equitativo de las rentas en el marco de la sociedad que está viendo una brecha progresiva entre quienes más tienen y menos tienen”, dijo a RT, José Luis Carretero Miramar, del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión.
El Ministerio de Fomento estima que el impacto de la huelga será de entre tres y cuatro millones de euros en los ingresos de Renfe. El secretario de Estado e Infraestructuras, Rafael Catalá, considera “impropia” la protesta convocada por la repercusión que tendrá “en la economía y el turismo” y aseguró que la negociación con los sindicatos sobre la reforma ferroviaria sigue abierta.
El conjunto de severas medidas de austeridad lleva a la gente a seguir protestando para luchar por sus derechos. Durante las últimas semanas toda España se ha movilizado en marchas y continúa manifestandose con el popular lema: “Juntos podemos”.