Inmigrantes irregulares perderán en España su derecho a la atención sanitaria gratuita
En caso de ser mayores de 65 años, la cantidad exigida se eleva a 1.864 euros anuales.
La medida exige también a este colectivo llevar al menos un año empadronado en el país. No obstante, el Ministerio de Sanidad aclara que la atención gratuita en las urgencias, a los menores y las embarazadas no se verá alterada.
El texto, que está siendo debatido en las comunidades autónomas, cuenta ya con el rechazo de algunas de ellas, como es el caso del País Vasco, donde lo califican de “inconstitucional”.
Además la normativa ha recibido la reprobación de varios colectivos, como el de médicos de familia, que llama a la objeción de conciencia por considerar dicha medida poco ética y poco efectiva para alcanzar el objetivo económico que persigue.