Caso Assange: La OEA aprueba la propuesta de Ecuador de convocar a una reunión de cancilleres

La OEA acepta por mayoría la propuesta de Ecuador de convocar una reunión de cancilleres de la organización para tratar la crisis entre el país andino y el Reino Unido por el caso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

La consulta de cancilleres de los 35 estados miembros se celebrará en Washington el próximo viernes 24 de agosto a las 11.00 hora local (15.00 GMT). La posibilidad de celebrar la reunión fue sometida a votación nominal. La resolución se aprobó con 23 votos afirmativos, 5 abstenciones y 3 votos negativos.

La mayoría de los representantes coincidieron en la necesidad de defender la "inviolabilidad de los locales diplomáticos" y  pidieron que Reino Unido respete la concesión de asilo político.  Los representantes de Argentina, Nicaragua, Bolivia, Uruguay y Venezuela confirmaron su apoyo a la propuesta.

Estados Unidos, Canadá y Trinidad y Tobago se opusieron a la medida, al considerar que la disputa por el destino de Assange es un asunto bilateral entre Ecuador y  Reino Unido.

En esa reunión los países sometieron a consideración las amenazas vertidas por el Reino Unido contra la nación ecuatoriana y sus locales diplomáticos en territorio británico en la disputa por el destino del fundador de WikiLeaks. 

Anteriormente la representante de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), MarÍa Isabel Salvador, que solicitó la reunión de urgencia centró su exposición en la amenaza del Gobierno británico de recurrir a una ley de 1987 que le permitiría entrar en la embajada de Ecuador en Londres pese a la oposición de Quito.

Ecuador ha recurrido, además de a la OEA, a la Alianza Bolivariana para Nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuyos cancilleres se reunirán  este fin de semana en Guayaquil.

Así, la ALBA podría elevar el debate sobre el asilo político en la ONU. "Seguramente va a haber un debate en el seno del ALBA sobre la vigencia de esta figura del asilo y la posición de los países desarrollados frente al derecho internacional", dijo a Prensa Latina el secretario ejecutivo de la  ALBA.