Como resultado al menos 140 jóvenes fueron detenidos y 18 carabineros resultaron heridos, además de los múltiples daños ocasionados a la propiedad pública y privada, según informaron las autoridades.
A diferencia de protestas anteriores, los estudiantes recurrieron esta vez a una nueva táctica para reclamar una mejor educación: en vez de una sola gran manifestación, los adolescentes organizaron simultáneamente
múltiples marchas en diversos barrios de la capital, lo que obligó a los efectivos antimotines a dividir sus fuerzas para dispersarlos.
Así, la municipalidad de Labbé amaneció rodeada de rejas metálicas y custodiada por casi un centenar de policías antidisturbios y guardias municipales.
Según cifras de las organizaciones estudiantiles, sólo en la capital del país hay alrededor de una decena los establecimientos ocupados y a nivel nacional suman medio centenar.
Eloísa González, dirigente de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que convocó a la protesta nacional, declaró que con estas marchas los estudiantes buscan satisfacer "la demanda histórica de desmunicipalización".
Esta manifestación estudiantil representa la última de una larga lista de protestas que se vienen sucediendo en Chile en busca de reivindicar una educación pública, gratuita y de calidad, También es la respuesta a las negativas del Ejecutivo de Sebastián Piñera para poner en marcha una reforma del sistema educativo chileno, uno de los más caros y desiguales del planeta, producto de las reformas de la dictadura de Augusto Pinochet.
Las demandas estudiantiles cuentan con un amplio respaldo de la sociedad, en particular de la clase media, la más afectada por un sistema que incentiva el endeudamiento para costear los estudios. La presencia de esta capa social es muy representativa, en unas marchas que los estudiantes han intensificado en los últimos años, con el objeto de, ante la falta de diálogo con el Gobierno, trascender la mera protesta y erigirse en un medio de presión efectivo de cara a los próximos comicios de Chile.