De esta forma, concluye sin resultados la última posibilidad de imputar cargos criminales contra los supuestos torturadores de los dos presuntos involucrados en los atentados de 11-S, Manadel al-Jamadi (fallecido en la prisión iraquí de Abu Ghraib en 2003) y Gul Rahman, que murió en Afganistán en 2002.
Manadel al-Jamadi murió supuestamente después de que los agentes estadounidenses que lo interrogaron lo llevaran a una ducha con las manos esposadas detrás de las espaldas, lo ataran a una ventana y le colocaran un saco de arena mojado sobre la nuca. El 'sospechoso' murió al cabo de una hora de interrogatorio. Los forenses declararon que el fallecimiento fue resultado de suicidio.
Gul Rahman, murió al parecer tras ser colocado contra una fría pared de concreto en la cárcel secreta de la CIA en la capital afgana de Kabul. Al menos tres empleados de la CIA fueron procesados por los investigadores tras estas muertes.
Según Holder, la imposibilidad de presentar cargos en este proceso, liderado por el juez John Durham, tiene algo que ver con la dificultad de reunir pruebas para presentar una acusación "segura" en un juzgado.
El director de la CIA, David Petraeus, por su parte, dijo que ahora se trata "de mirar hacia adelante a los retos del futuro en lugar de al pasado".
Impunidad de los agentes de EE.UU.
Esta decisión de la justicia norteamericana demuestra que EE.UU. “impone su voluntad” como “los poderosos sobre los más débiles” y favorece la impunidad de sus agentes tanto en el extranjero como en su propio territorio.“Eso implica que, definitivamente, Estados Unidos se va transformando lentamente en un estado policíaco”, a lo que se añaden otras señales de este proceso que veremos próximamente, concluye Salbuchi.
Otra investigación iniciada por el fiscal Durham en 2008 sobre la destrucción de cintas de vídeo de la CIA, que mostraban las prácticas empleadas por el Gobierno de George W. Bush en interrogatorios a supuestos terroristas, también se cerró en 2010 sin cargos.