La pesquisa está destinada a averiguar si una popular estrategia fiscal que ahorró a estas compañías centenares de millones de dólares en impuestos es apropiada, según el diario The New York Times. Por el momento ni la Fiscalía ni Bain Capital han hecho comentarios oficiales respecto a la investigación.
Conforme a las prácticas habituales, las empresas privadas suelen ofrecer a los inversores una dispensa del pago de entre un 1% y un 2% del honorario que deben abonar por administrar sus activos. En cambio los inversionistas autorizan a la empresa a que haga pasar estos honorarios como sus propios ingresos de inversiones en los fondos. En este caso, los impuestos sobre este dinero son más bajos -un 15% en vez de un 35%- ya que de ser un ingreso ‘seguro’ se convierte en una ganancia muy lejos de estar garantizada.
La estrategia no es considerada ilegal, al menos, hasta que se pronuncie la Oficina de Protección de los Contribuyentes de la Fiscalía neoyorquina. Según los fondos de inversión, el objetivo de estas prácticas no es reducir los impuestos, sino alinear más los intereses de la compañía con los intereses de sus inversionistas: dan a los gerentes un impulso adicional para hacer que el fondo rinda mejor.
Romney abandonó Bain Capital en 1999, pero sigue recibiendo intereses. Según Forbes, la fortuna del candidato republicano llega a los 250 millones de dólares estadounidenses.
La Oficina de Protección de los Contribuyentes fue fundada a inicios de 2011 con el fin de “erradicar el fraude y devolver el dinero ilegalmente robado de los contribuyentes de Nueva York”, según proclama la página web del organismo.