Según el memorándum de comprensión, firmado este martes por el Gobierno e inversionistas privados, las nuevas ciudades contarán con su propio sistema tributario y legal.
Las partes esperan empezar obras en la primera ciudad en pocas semanas y dicen que el proyecto podría crear 5.000 puestos de trabajo en el curso de seis meses.
Los planes han provocado la oposición de varios grupos sociales, incluidos los indígenas Garifuna, que protestan contra el proyecto en sus tierras.
Los inversionistas afirman que los temores no están justificados y aseguran que el proyecto beneficiará la nación centroamericana, que cuenta con unos altos niveles de criminalidad, corrupción y falta de infraestructuras.