Con este paso la ACLU busca "averiguar cuándo, dónde y contra quién los aviones no tripulados pueden ser autorizados, y cómo EE.UU. garantiza el cumplimiento de las leyes internacionales en materia de ejecuciones extrajudiciales".
"El público tiene derecho a decidir por sí mismo si el programa es legal o moral", proclamó Jameel Jaffer, subdirector jurídico de la ACLU. “Si el programa de la CIA de asesinatos selectivos es legal, entonces no debería haber ninguna razón para ocultar los documentos”, prosiguió Jaffer.
'Secreto' público
La CIA afirma que su programa de aviones no tripulados -presuntamente establecido por el Gobierno para matar a militantes de al Qaeda y otros grupos terroristas, incluyendo ciudadanos estadounidenses- es "secreto", a pesar de que tanto el presidente, así como el secretario de Defensa, Leon Panetta, y altos funcionarios del Gobierno en reiteradas ocasiones han hablado públicamente sobre él.
En mayo, el diario ‘New York Times’ reveló que la Casa Blanca elaboró una lista concreta de personas a las que Washington tiene previsto 'eliminar' y en cualquier momento puede autorizar al Pentágono y a la CIA iniciar una operación con el uso de drones para cumplir con ella.
Los asesinatos con drones de sospechosos de terrorismo comenzaron en el 2004, pero se intensificaron desde la llegada de Barack Obama al Gobierno. La serie de ejecuciones selectivas entre 2011-2012 formó parte destacada del programa de aviación no tripulada en EE.UU., al que se vincula con las ejecuciones de cientos de civiles en el extranjero durante los últimos años.
En caso de que la ACLU gane el proceso judicial, la CIA se verá obligada a revelar información sobre su manejo del programa de aviones no tripulados.