Pero algunos miembros de la Comunidad europea, como Países Bajos, fueron más allá aplazando la consideración de las solicitudes de residencia temporal por razones de estudios de doctorado o trabajo a los ciudadanos de la nación persa, una decisión que originó una demanda parlamentaria de una eurodiputada holandesa que criticó la medida.
La respuesta del Parlamento Europeo, anunciada por la alta representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Catherine Ashton, confirma que desde el año 2007 la Comunidad
Europea está aplicando una serie de restricciones contra los ciudadanos de la República Islámica “especialmente dirigidas a personas implicadas en las actividades nucleares” de este país.
Según Ashton, esas medidas se deben a las resoluciones de la ONU, tomadas en 2006, que en concreto prohíben la transmisión de tecnologías sensibles a Irán.
Al mismo tiempo la alta funcionaria afirmó que “las medidas no implican una prohibición general a la admisión de iraníes a la Unión Europea o a la enseñanza o formación de los ciudadanos iraníes en la comunidad”.
La decisión de las autoridades holandesas es un eslabón más en una serie de medidas de presión y sanciones financieras aplicadas por Occidente contra Irán para obligar a este país a abandonar su programa nuclear.
Las naciones occidentales sospechan que el objetivo del proyecto iraní es la creación de una bomba nuclear. Por su parte, Teherán, rechaza esas acusaciones y asegura que su programa nuclear tiene fines pacíficos.