La Corte de Apelaciones de las Fuerzas Armadas escuchó durante una hora a los letrados, que solicitaron hacer públicos los documentos relativos al caso y las transcripciones de las sesiones, como en los juicios civiles.
“No existe posibilidad de verificar ninguno de los elementos que aparezcan durante el proceso y eso se explica porque el Gobierno [estadounidense] no quiere”, dijo ante los medios el abogado Shayana Kadidal, del Centro por los Derechos Constitucionales, que representa a WikiLeaks y otras organizaciones.
La corte respondió que los abogados deben argumentar durante este mes, apoyándose en casos anteriores, por qué la justicia militar debería abrir al público los documentos, en su mayoría sensibles, de una corte marcial.
Los peticionarios apelan a la Primera Enmienda a la Constitución estadounidense -que protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión o de petición- y el derecho a la información pública en asuntos del Gobierno.
Por su parte, las Fuerzas Armadas, que se muestran contrarias a la difusión de estos datos por la sensibilidad de algunos documentos, también deben argumentar durante este mes su postura, que se fundamenta en las excepciones al derecho de acceso público que recoge esa misma enmienda.
Manning, de 24 años, está acusado de entregar cientos de miles de cables diplomáticos y registros de guerra a WikiLeaks, mientras trabajaba como analista de inteligencia en Irak, y será juzgado a partir de febrero, según dictaminó el juez que lleva el caso. Si es declarado culpable de “colaborar con el enemigo” podría ser condenado a cadena perpetua.