Inician una acción judicial contra la cúpula militar por expulsar a Zelaya
La Fiscalía de Honduras presentó un requerimiento contra los miembros de la cúpula militar que llevó a cabo el golpe de estado del 28 de Junio de 2009. El 6 de enero, la Fiscalía inició el proceso penal bajo la acusación a los miembros de la dirección militar de “abuso de autoridad” y de forzar la expulsión del presidente Manuel Zelaya.
Preguntado por el caso, Zelaya señala que es “un truco”, “una nueva estratagema” del fiscal del Estado que tiene igual responsabilidad que los propios militares y que presenta acusaciones "de compadre hablado", para lograr la impunidad de los militares al acusarlos de delitos menores.
“En realidad fue un complot del gobierno de Honduras con la Corte Suprema y el fiscal,” indicó Zelaya. "Si sabían que los militares habían cometido un error, significa que el Congreso Nacional no podía destituirme", agregó Zelaya. En su opinión, la Fiscalía habría tenido que solicitar "que regresara directamente a mi puesto como presidente", añadió. Por ello, rechazó la medida adoptada por el Ministerio Público y lo calificó como "un manto sobre la verdad".
En la mañana del 28 de Junio de 2009, fuerzas armadas al mando del teniente coronel Rene Antonio Herpburn Bueso allanaron el domicilio del presidente Manuel Zelaya y lo expulsaron de territorio hondureño hacia Costa Rica, subiéndole todavía en pijama a un avión.
La comunidad internacional, incluyendo a las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, se pronunciaron en contra de esta intervención, calificándola como una "ruptura del orden constitucional" y han exigido unánimemente la restitución del ex-presidente Manuel Zelaya en sus funciones. El mismo 28 de junio, el Congreso nombró como presidente a Roberto Micheletti, pero la comunidad internacional calificó unánimemente el hecho como un golpe de Estado y no reconoció su régimen.
Tras la realización de las elecciones presidenciales del 29 de noviembre de 2009 en las que resultó victorioso Porfirio Lobo del Partido Conservador, los EE.UU. y diferentes países latinoamericanos con gobiernos de tendencia derechista aseguraron que reconocerían el nuevo gobierno, mientras que países latinoamericanos con gobiernos izquierdistas han anunciado que seguirán sin reconocer el nuevo gobierno postgolpista por considerarlo ilegítimo.
En la demanda de la Fiscalía se acusa a cinco comandantes, incluido Romeo Vásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Venancio Cervantes, comandante de la Fuerza Aérea, y Luis Javier Prince, comandante de la Fuerza Naval. La Corte Suprema tiene que designar al juez especial que se ocupe de este caso.
La Constitución de Honduras prohíbe la expulsion de sus ciudadanos del país. Sin embargo, los representantes del gobierno “de facto” justificaron las acciones de los militares, subaryando que la accion fue realizada en corcondancia con la demanda judicial presentada a la Corte Suprema contra Manuel Zelaya por iniciativa illegal de la convocatoria de la Asamblea Constitucional.