"Bajo la ley de Texas, los representantes de la OSCE no tienen derecho a entrar en el territorio de los colegios electorales. Si se encuentra a un integrante de la OSCE a una distancia de 30 metros de la entrada al lugar puede ser considerado un delito penal", escribió el fiscal Greg Abbott en una carta remitida a la OSCE.
El incumplimiento, subrayó,
puede terminar en un proceso penal por infracción de la ley estatal.
El fiscal general, que además es miembro del partido republicano, considera jurídicamente infundado el plan de la organización que prevé enviar a EE.UU. a 44 observadores para "interferir" en las elecciones.
Por su parte, el organismo europeo considera inaceptable la amenaza de sanciones contra sus miembros, recordó que EE.UU. también pertenece a la OSCE y asegura que la decisión se produjo en respuesta a una petición de varios grupos.
Por otro lado, el organismo se opone a las insinuaciones de que los funcionarios del grupo se entrometerán en las elecciones. "Nuestros observadores adoptarán una postura estrictamente imparcial y no intervendrán en el proceso electoral de ninguna manera", dijo el director de la OSCE, que subrayó que sus observadores están en Estados Unidos con el fin de controlar los posibles conflictos que pudieran surgir en el proceso de votación.
Mientras, un representante republicano en Florida dijo que la idea de que las Naciones Unidas puedan introducir a extranjeros simpatizantes con Castro, Chávez o Putin es simplemente repugnante. Pero estas reacciones no surgen de la nada ya que siguen las palabras de grupos de izquierda que aseguraron que la presencia de observadores internacionales podría ayudar a combatir el fraude electoral en contra del actual presidente Barack Obama.