Los abogados manejan 700 expedientes y afirman que el monto total de las multas es una cifra aproximada, ya que no tiene en cuenta los casos de los individuos que rechazan el asesoramiento de la Comisión y optan por pagar o recurrir las multas por otras vías.
Estos asesores legales de los indignados reprueban la práctica de sanciones pecuniarias dirigida contra las personas que protestan contra las consecuencias de la mala gestión de la crisis, medida que califican de “particularmente ruin” en el contexto económico actual.
Los asesores del 15-M señalan un cambio en los métodos aplicados últimamente por la Policía contra los indignados. Los agentes policiales aplican la ley que obliga a los ciudadanos a identificarse a petición de la Policía y después sancionan a estas personas como organizadores de las concentraciones no autorizadas sin más indicios y sin pruebas. Mientras tanto, los organizadores reales llevan meses utilizando claves y obrando con astucia para no ser identificados y posteriormente multados.
De todas formas, la suma total del importe de las multas tramitadas en Madrid ya se acerca a un cuarto de millón de euros, y los abogados no excluyen la posibilidad de que siga creciendo considerablemente.